El Gobierno de Pedro Sánchez reitera su viraje hacia posiciones más centristas al coincidir con el empeoramiento económico que la invasión de Ucrania provoca. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descarta ahora una subida de impuestos y aparca el informe que encargó a su propio comité de expertos con varias propuestas de alzas fiscales. Montero se desmarca así de la línea que exige la rama de Podemos en el Ejecutivo, al igual que ocurrió en la polémica sobre el envío de armas a Ucrania esta misma semana. Los morados presentaron una propuesta aún más agresiva para subir la imposición en España.
El PSOE, sin embargo, prioriza su giro al centro y Montero desautoriza el informe de sus sabios. Todo apunta a una estrategia dictada por el afán de Moncloa de ganar posiciones a los ojos de los votantes más moderados, aprovechando la crisis interna del PP y anticipándose al atractivo que los populares pueden recobrar ante dichos electores, una vez que Alberto Núñez Feijóo ascienda a la Presidencia del Partido Popular.
En ese contexto se enmarca el contundente modo en que Montero marcó ayer distancias respecto al dossier que encargó el año pasado. Montero agradeció el trabajo, pero descarta aplicar las subidas fiscales que propone el texto. "No es el momento", declaró.
"El informe del comité no refleja la postura del Ministerio de Hacienda y, por tanto, no anticipa las medidas que adoptará el Gobierno y que, en cualquier caso, siempre tendrán en cuenta la realidad económica", apuntó Montero. "La política fiscal que ha mantenido el Gobierno hasta ahora siempre se ha acompasado a las necesidades del momento como se demostró cuando el Ejecutivo aprobó las rebajas fiscales en el ámbito de la luz, medidas que serán prorrogadas ante el impacto derivado del conflicto bélico en Ucrania", añadió.
El grupo de trabajo ha finalizado su Libro Blanco, un informe en el que han trabajado en los últimos diez meses y donde se recogen sus sugerencias en materia de fiscalidad, con el objetivo final proponer un nuevo sistema fiscal. El desarrollo del informe ha estado salpicado por la polémica tras algunas dimisiones de los especialistas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya insinuó esta semana en una entrevista que el informe encargado por Hacienda se revisaría posteriormente por parte del Ejecutivo. "Hablaremos con los agentes económicos y los partidos políticos antes de poner en marcha las subidas de impuestos sugeridas por el comité de expertos de Hacienda, dadas las circunstancias actuales", dijo en TVE.
El documento hace hincapié en la fiscalidad medioambiental, la imposición en Sociedades, la tributación de la economía digitalizada y la fiscalidad en las actividades económicas emergentes, así como la armonización de la tributación patrimonial.
Sin embargo, la titular de Hacienda y Función Pública enfatizó que la prioridad del Gobierno es "seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleo de calidad, así como mitigar el impacto económico de la crisis desatada por la invasión rusa de Ucrania". En ese sentido, la ministra recordó "las rebajas fiscales adoptadas para contener el precio de la energía que, ante la crisis actual, serán prorrogadas hasta el 30 de junio". La ministra explicó que en este contexto de inestabilidad internacional "no se va a plantear ninguna subida fiscal". Una vez entregada la propuesta por parte del grupo de expertos, el Gobierno deberá llevar a cabo un análisis detallado del documento de los expertos.
Polémicas dimisiones
El comité de expertos para la reforma fiscal se constituyó en abril del año pasado y se conformaba entonces de 17 miembros, encabezados por un presidente, Jesús Ruiz-Huerta, y por un secretario, Alain Cuenca. Más tarde el grupo de expertos llegó a tener 18 miembros tras la incorporación del catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, quien acabaría por abandonar el comité antes de finalizar los trabajos, al igual que el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio. El presidente del comité de expertos ha rechazado presiones por parte del Gobierno. Ruiz-Huerta ha defendido "la absoluta libertad a la hora de emitir sus valoraciones".
