En pleno conflicto entre las autonomías y el Estado por el reparto de los fondos europeos, el Gobierno se afana en hacer un guiño a esas últimas Administraciones. El Ministerio de Hacienda anunció ayer que atajará el conflicto enquistado desde 2017 por los pagos, a cuenta de la liquidación del IVA, que las autonomía no recibieron desde entonces, cuando el ministro del ramo aún era Cristóbal Montoro.
Los varios intentos de llegar a un acuerdo en 2019 se saldaron en fracaso y, de hecho, fueron varios los Gobiernos regionales que llevaron el caso a los tribunales. Ahora, Hacienda abonará los 3.100 millones de euros pendientes, más intereses, bajo la condición de que quienes recurrieron a la vía judicial se retracten. Así lo harán, y ya lo han anunciado, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria o Asturias.
El Ejecutivo central encuentra así la manera de cerrar un enfrentamiento con las autonomías, ahora que se le vuelve a presentar otro, que amenaza también con llegar a manos de los jueces, a través de recursos como el impulsado por la Comunidad de Madrid, referente a las ayudas Next Generation.
Morosidad municipal
En paralelo, el Gobierno también pondrá en marcha otro mecanismo financiero, en este caso, específico de las corporaciones locales. El nuevo protocolo financiará parte de las facturas de ayuntamientos que tarden más de 30 días en pagar a proveedores. Así, posibilitará a los proveedores el cobro de sus facturas por este cauce. El nuevo sistema obliga a las administraciones afectadas a comunicar sus facturas pendientes anteriores a 1 de julio de 2021 y a adherirse al Fondo de Financiación a Entidades Locales, a través del que se efectuará directamente el pago de dichas obligaciones.
Hacienda ha dispuesto así un mecanismo extraordinario para el pago a proveedores de las entidades locales en el año 2022, lo que permitirá cancelar las obligaciones pendientes de pago más antiguas de aquellas entidades que tengan un plazo de pago a distribuidores superior a los 30 días, que es el máximo establecido por la ley.
Según apuntó ayer Hacienda en un comunicado, este instrumento, regulado en los Presupuestos para 2022, se ha materializado a través de una resolución de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, en la que se han dictado instrucciones para la puesta en marcha de este mecanismo extraordinario que lleva en marcha desde el pasado 17 de enero.
Según el ministerio, son 1.640 las entidades locales se verán beneficiadas por esta medida para acelerar el pago a proveedores.
