Sevilla
La Junta de Andalucía ha acordado aceptar el pago de los 534,30 millones de euros que el Gobierno central adeudaba a Andalucía desde julio de 2019 en concepto del denominado 'mes 13' del IVA de 2017. El Ministerio exige a cambio al Gobierno andaluz que remita al Ministerio de Hacienda antes del 1 de febrero un acuerdo de su Consejo de Gobierno en el que se disponga que dicha medida permite dar satisfacción a todas las reivindicaciones de la comunidad, se recoja el compromiso de no iniciar nuevos procedimientos en vía administrativa o judicial y, en caso de que exista un proceso judicial en curso, como es el caso de Andalucía, se comprometa a desistir del mismo
El 1 de julio de 2017 entró en vigor el Real Decreto 596/2016, mediante el cual se aprobó la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII) para el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que ampliaba el plazo de presentación de las declaraciones liquidaciones desde los 20 hasta los 30 primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en su Informe Mensual de Recaudación Tributaria de diciembre de 2017, estimaba una pérdida de recaudación líquida por IVA de 4.150 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas, fruto de la recaudación de once mensualidades en lugar de doce. El perjuicio causado para Andalucía se cifró en 534,30 millones, cantidad a la que hay que sumar los intereses de demora.
La recaudación por IVA es uno de los recursos con los que cuenta el sistema de financiación autonómica, de manera que la pérdida registrada causó un efecto negativo en las comunidades, que se puso de manifiesto en julio de 2019, fecha en la que correspondía la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica del ejercicio 2017, pero que, sin embargo, el Gobierno estatal no llegó a compensar.
En febrero de 2020 la Consejería de Hacienda y Financiación Europea formuló un requerimiento para que le abonase esa cuantía, que fue desestimado por el Gobierno central. Fruto de esa situación de bloqueo, el Gobierno andaluz interpuso un recurso.
Tras el pronunciamiento de Tribunal Supremo a través de dos sentencias a recursos planteados por las comunidades autónomas de Castilla y León y de Galicia, se incluye una disposición adicional en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, en virtud de la cual se establece una compensación a las comunidades de régimen común y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por el efecto de la implantación del Suministro Inmediato de Información para el IVA en la liquidación de los recursos del sistema de financiación autonómica de 2017.
Opacidad Next Generation
Por otra parte. el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que durante la visita oficial que desarrollará esta semana a Bruselas trasladará a autoridades de la Unión Europea con las que se va a reunir su preocupación por la "falta de transparencia" y la "enorme opacidad" con la que el Ejecutivo español está gestionando y repartiendo los fondos europeos para la reactivación.
Así lo ha manifestado Juanma Moreno en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que en esta ocasión se ha celebrado en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz.
Ha expresado la decepción de su Gobierno por el hecho de que parece que otras comunidades autónomas están siendo "privilegiadas" en el reparto de estos fondos por parte del Gobierno central, "en detrimento de Andalucía", y eso "no lo vamos a permitir de ninguna de las maneras".
Ha agregado que va a aprovechar su visita a Bruselas, donde mantendrá encuentros con representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, para trasladar la "preocupación" de su Gobierno por la "falta de transparencia" que está caracterizado la gestión de esos fondos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que "espero que tome nota lo antes posible".
Ha expresado que Andalucía aspira "a lo máximo posible" con esos fondos y que lo deseable hubiera sido "haber participado en el diseño de los fondos y en su ejecución", como ha ocurrido en el caso de Alemania entre los landers y el gobierno federal.
El presidente ha criticado que el Ejecutivo español situara en un 50 por ciento la territorialización de esos fondos y que finalmente no vaya a llegar ni al 33 por ciento. Ha señalado que las comunidades van a quedar como meras "ejecutoras" de lo que dice el Gobierno central, cuando se debería haber contado con ellas ya que son las conocedoras de las prioridades de sus territorios.
Para Juanma Moreno, cuanta más transparencia y participación hubiera con esos fondo, más fácil sería su ejecución y las progreso y empleo se generaría.
