Madrid
El Partido Popular está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Constitucional con el fin de lograr un reparto justo de los fondos europeos, Next Generation, algo que en su opinión no está sucediendo hasta el momento. El lunes, el líder del PP y jefe de la oposición, Pablo Casado, abordaba esta cuestión y ponía de nuevo el acento en la útilización que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo de estas ayudas, premiando "a dedo" a administraciones regidas por el Partido Socialista.
Por lo pronto, y antes de dar el paso al TC, y mientras la tensión en Gobierno y oposición se recrudece por la gestión de los fondos, la dirección nacional del PP respalda a sus autonomías y ayuntamientos ante la justicia, así como las actuaciones de sus eurodiputados en Bruselas, a la espera de una respuesta a la serie de preguntas planteadas por Dolors Montserrat.
Las denuncias
Un ejemplo plástico de las principales denuncias del PP pasa por la concesión por decreto, el 20 de octubre, de nueve millones mediante subvención directa a Navarra, País Vasco, Valencia y Extremadura. Esta partida del SEPE no pasó por las Conferencias Sectoriales, órgano informativo de los ministerios hacia las CCAA.
Las críticas populares también se centran en el uso de los fondos en la rehabilitación de las casas sindicales, o en que parte de los mismos recala en las webs de ministerios.
Precisamente, y sobre este punto, eE ha tenido acceso a la documentación de la Campaña de Divulgación, comunicación interna e institucional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante 2021 y 2022, dotado de 4.210.800 euros, y de trámite urgente, pagado con los fondos del Plan de Recuperación.
Entre las características generales del citado contrato se encuentran la divulgación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), sobre las pensiones, o la obligación de hacer la declaración del IRPFl.
Contrario a estas actuaciones, Pablo Casado insiste en que estas ayudas son "para hacer una economía más competitiva, crecer más y crear más empleo" En esta línea, los eurodiputados Manfred Weber y Siegfried Murean contestaban al Ejecutivo este viernes, señalando que "el fondo es para toda España, no sólo para una región o un partido político. Y por eso, la transparencia y la participación de todos los actores del país es crucial". Además, recordaban que, "no respetar las prioridades de las autoridades locales y regionales en la distribución de fondos del RRF significa infringir la legislación europea".
La vicepresidenta Nadia Calviño afirmó que el boicot de Pablo Casado a las ayudas no tiene ni pies ni cabeza, destacando que de las seis CCAA que más dinero han recibido, cuatro son del PP.
El secretario general de los socialistas madrileños y portavoz del PSOE en la Asamblea regional, Juan Lobato, propuso ayer a Isabel Díaz Ayuso la creación de una "Oficina Regional de Fondos Europeos" , colocando al frente de la misma a una "persona de reconocido prestigio, solvencia y experiencia previa". Lobato también planteó que en esa oficina participen municipios, empresas, sindicatos y el resto de las fuerzas políticas para "consensuar, coordinar y también fiscalizar la gestión de estos fondos en Madrid".
