El Partido Popular ha creado una herramienta de control y fiscalización de los fondos Next Generation formado por un equipo de varios diputados en el Congreso, responsables de un seguimiento monitorizado de cada uno de los 22 ministerios.
Se trata de una plataforma o base de datos, también llamado cuadro de mandos, que se dota de la información pública que arrojan los Presupuestos Generales del Estado, y de la información mensual de la ejecución presupuestaria que tiene obligación de dar el Ministerio de Hacienda para mostrar las obligaciones reconocidas del Estado, es decir, el gasto real.
Además, la plataforma de los populares se nutre del seguimiento de las comisiones sectoriales donde se han dado a conocer los criterios -polémicos y discutidos muchos de ellos, señala la exministra Rodríguez- del reparto de los fondos a las Comunidades Autónomas y a las entidades locales.
Finalmente, esta herramienta de trabajo también incluye la información publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE), publicación oficial que recoge las convocatorias de la Administración Central y de organismos dependientes de la AACC. Aquí aparecen convocatorias de subvenciones o licitaciones de contratos, tal y como lo exige la Unión Europea, especificando la referencia de los Fondos de Reestructuración.

9.000 millones menos
Y es precisamente esta herramienta la que ha puesto sobreaviso del grado de incumplimiento del Gobierno con respecto a la ejecución de estas ayudas europeas, que en primera instancia se elevan a 70.000 millones.
Cabe recordar, que en un principio, el Gobierno de Pedro Sánchez habló de la llegada de 27.000 millones de euros para el ejercicio presupuestario de 2021. Pasado el tiempo, esa partida se quedo reducida a 19.000 millones, de los cuales, los primeros 9.000 millones se recibieron como prefinanciación, y los otros 10.000 millones apenas acaban de llegar en el mes de diciembre.
Según el Partido Popular, a fecha del 30 de noviembre -último informe oficial- y, con datos de la contabilidad nacional, el Ejecutivo de Pedro Sánchez solo tenía el 41,74% de las obligaciones reconocidas de los fondos europeos, con el siguiente desglose: 6.702 millones de euros en transferencias a las CCAA -partidas que salen de los distintos ministerios- y, 3.261 millones a otros organismos y entes públicos.
En definitiva, una cifra algo alejada de los 19.995 millones de los que habla el Gobierno; es decir, 10.000 millones menos, "que de no haberlos repartido en el mes de diciembre y que luego aparezcan en la contabilidad nacional que se dará a conocer en el mes de marzo, suponen más de un 50% sin cumplir", remarca a este diario Elvira Rodríguez.
En este capítulo de los fondos, los populares mantienen que la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez no está siendo transparente -"estamos huérfanos de información"-, y es normal por tanto que las comunidades autónomas protestan, porque en su opinión les están dando dinero sin tener en cuenta sus necesidades, y en muchas ocasiones imponiendo los suyos, sin debate ni cogobernanza, ya que de otro modo podrían perder los fondos, como trascendió en una conferencia sectorial de Turismo.
Recuerda la vicesecretaria general del Partido Popular, que en el mes de diciembre, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en los últimos avances del Plan de Recuperación, presentados ante la CEOE, afirmó que el Gobierno ya ha autorizado el 91% de la ejecución presupuestaria de 2021, concretamente, 22.124 millones, una cantidad muy aleada los 10.099 millones de obligaciones reconocidas.
335 millones: de la publicidad de Escrivá a viajes de autores
El Partido Popular ha encontrado entre la información oficial que arroja el Gobierno, datos que en su opinión suponen un ejercicio de mala praxis de los fondos. Con número de expediente se puede observar que en entre los gastos se incluye la campaña de divulgación, comunicación interna e institucional del Ministerio que dirige José Luis Escrivá de 3.480.000 euros, un gasto de tres millones de euros para transversalidad de género, del SEPE; Un millón para estancia de autores en el extranjero, 50 millones para nuevos centros de orientación y emprendimiento, o 214 millones, entre otros gastos, para financiar las experiencias profesionales de jóvenes en las AAPP.