Los impuestos a la vivienda llevan a España al nivel más alto de gravamen a la propiedad de todos los países desarrollados. España alcanza ya el nivel italiano, tradicionalmente el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor presión fiscal sobre la propiedad. Las reformas tributarias del último año hunden al sistema tributario español otros tres puestos en el ranking de impuestos a la propiedad del Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2021 elaborado por la Tax Foundation.
Los expertos del think tank norteamericano llegan a esta conclusión tras medir y comparar la base imponible y el monto de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Además, estudia si los países aplican otro tipo de impuestos sobre la propiedad. En el caso de España, casi único en el estudio, los fiscalistas subrayan cómo afectan a las viviendas el Impuesto sobre el Patrimonio, los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, los impuestos sobre transferencias de propiedad, impuestos sobre activos corporativos, los derechos de capital o los impuestos sobre transacciones financieras. "Aunque es un elemento importante al medir la neutralidad y competitividad del código fiscal de un país, los impuestos a la propiedad representan en promedio menos del 5% de los ingresos fiscales totales en los países europeos de la OCDE", apunta Daniel Bunn, vicepresidente de Proyectos Globales de la Tax Foundation y experto en política tributaria europea.
La lista de impuestos españolas que afectan a la vivienda es la más larga de todos los países de la OCDE. Los inmuebles están gravados por el Impuesto sobre la Renta imputado al propietario para segundas viviendas, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre la Renta a los No Residentes por el alquiler, Impuesto anual sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, la llamada plusvalía municipal.
Esta situación lastra la competitividad fiscal del sector inmobiliario en España frente al resto de países desarrollados. "España tiene múltiples impuestos a la propiedad que distorsionan con gravámenes separados sobre transferencias de bienes raíces, patrimonio neto, herencias y transacciones financieras", apunta el informe de la Tax Foundation.
Las CCAA logran bajar la presión fiscal gracias a sus políticas de exención y bonificación de algunos de estos impuestos
Sin embargo, esta situación está paliada gracias a la fiscalidad de las haciendas autonómicas. En España, algunas comunidades autónomas ofrecen reducciones y exenciones de estos impuestos.
El caso con más ayudas fiscales a la vivienda es el de la Comunidad de Madrid. La región tiene bonificado el Impuesto sobre el Patrimonio al 100%. Además, en la Comunidad de Madrid el contribuyente solo paga el 1% de la cuota correspondiente al Impuesto que grava las herencias y las donaciones entre padres e hijos; también entre cónyuges y parejas de hecho.
Además, los menores de 30 años pueden aplicarse en el Impuesto sobre la Renta una deducción del 30% de las cantidades destinadas al alquiler, hasta un máximo de 1.000 euros al año.
Las políticas fiscales como estas de las comunidades autónomas hacen que el indicador de presión fiscal no se dispare aún más. "España tiene un sistema fiscal territorial que exime de impuestos tanto a los dividendos extranjeros como a las rentas de plusvalías", destaca el informe de la Tax Foundation.
En el lado opuesto a España está Estonia, el país que menos grava la vivienda. El país tiene el sistema de impuestos a la propiedad más eficiente entre los países de la OCDE. El impuesto sobre bienes inmuebles de Estonia solo se aplica al valor de la tierra, por lo que es uno de los tres países de la OCDE -junto con Australia y Nueva Zelanda- que excluyen de la base impositiva el valor de los edificios o estructuras en la tierra . Estonia no aplica ningún otro tipo de impuesto a la propiedad cubierto en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional.
Italia, por el contrario, ocupa el peor lugar en el componente de impuestos a la propiedad del índice. Además de las recaudaciones de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria comparativamente altas, Italia impone un impuesto sobre el patrimonio sobre los activos financieros y las propiedades mantenidas en el extranjero, y grava las herencias, las transferencias de bienes raíces, la emisión de acciones y las transacciones financieras.
España ocuparía su puesto en el caso de no existir las exenciones y bonificaciones de las regiones. Es el país que más figuras tiene para gravar la riqueza de toda la Unión Europea. Es el único Estado miembro que cuenta con un Impuesto sobre el Patrimonio. Además, incluye en su normativa fiscal Sucesiones y Donaciones, que -aunque es más habitual en el entorno- mantiene el mayor nivel con tasas que alcanzan hasta el 81,6%.
Poco peso
Un informe reciente de la Tax Foundation describe en qué medida los países de la OCDE dependen de diversas fuentes de ingresos fiscales. En 2019, los impuestos a la propiedad representaron en promedio solo el 4,5% de los ingresos fiscales en los 27 países europeos de la OCDE.
El Reino Unido es el que más depende de los impuestos a la propiedad en 2019, con un 12,4%de los ingresos fiscales totales. Le siguen Luxemburgo y Francia, con un 9,7% y un 8,9%, respectivamente. Estonia tiene la menor dependencia de estos impuestos, con solo el 0,6%.
