Tras su aprobación en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley de gasto social y climático del presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, navega ahora al arduas aguas del Senado. Una ambiciosa propuesta, por valor de 1,85 billones de dólares, que también cerrará la brecha tributaria para las multinacionales patrias en el extranjero.
Una iniciativa que suma a los esfuerzos liderados por la actual secretaria del Tesoro, Janet Yellen, para blindar el impuesto mínimo del 15% global para las multinacionales acordado bajo el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el pasado octubre.
Ajustes tributarios
La hoja de ruta de los demócratas aboga, entre otros menesteres, por imponer un impuesto mínimo del 15% sobre los ingresos contables de las empresas con beneficios superiores a 1.000 millones de dólares, con efecto para los ejercicios fiscales que comiencen después del 31 de diciembre de 2022. Además creará un impuesto especial del 1% sobre el valor de las recompras de acciones durante el año fiscal a partir del próximo 31 de diciembre de 2021.
Quedan excluidas del impuesto las acciones aportadas a cuentas de jubilación, pensiones y planes de propiedad de acciones de los empleados. Al mismo tiempo, se busca modificar el régimen de la renta global intangible de baja tributación (GILTI, por sus siglas en inglés), con efecto para los ejercicios fiscales que comiencen después del 31 de diciembre de 2022. Al respecto se quiere esta deducción al 5%, lo que supone un tipo impositivo del 15%. Por otro lado, se recortará la deducción de los ingresos intangibles derivados del extranjero al 21,87%, lo que supone un tipo impositivo del 15,8%, con efecto para los ejercicios fiscales que comiencen después del 31 de diciembre de 2022. Los demócratas en la Cámara de Representantes imponen una nueva limitación de las deducciones por gastos de intereses para determinadas empresas multinacionales, con efecto para los ejercicios fiscales que comiencen después del 31 de diciembre de 2022.
El impacto de estos cambios, que en su mayoría entraría en vigor en 2023, dependerá del calendario y compromiso de otros países de orquestar cambios similares. El sistema fiscal resultante tendría unos incentivos menores para que las empresas estadounidenses trasladen sus beneficios hacia países con bajos impuestos.
