Los demócratas buscan el tipo máximo sobre el IRPF más alto de la OCDE

Con la derrota electoral en Virginia todavía caliente, los demócratas en la Cámara de Representantes continúan limando detalles al plan revisado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El mandatario redujo su ambicioso programa económico hasta los 1,75 billones de dólares (1,85 billones si se incluye la partida para inmigración) con la esperanza de avanzar su agenda económica. Algo que continúa en el aire a medida que la disección sobre los impactos de las múltiples medidas barajadas sigue aflorando.

Este jueves los demócratas optaron por volver a incluir el programa de bajas remuneradas que la Casa Blanca retiró del proyecto de ley e incluyeron una medida que eleva drásticamente el límite de 10.000 dólares en la deducción de impuestos estatales y locales. La presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, confesó su deseo de encontrar el número suficiente de votos para respaldar el programa de gasto social esta semana, así como el proyecto bipartidista de inversión en infraestructura.

Subidas fiscales

La versión de la Cámara Baja del proyecto de ley de gasto social de Biden recaudará casi 1,48 billones de dólares en nuevos ingresos fiscales, según el Comité Conjunto de Impuestos. De esta cantidad, el impuesto a las grandes multinacionales ingresaría 814.000 millones de dólares en la próxima década mientras que los retoques marginales para las rentas más altas sumaría otros 640.200 millones.

De hecho, según la Tax Foundation, un think tank con sede en Washington, la última versión del proyecto de Ley para Reconstruir Mejor (BBBA, por sus siglas en inglés), el tipo impositivo máximo medio sobre los ingresos personales alcanzaría el 57,4%, lo que convertiría a EEUU en el país con el tipo más alto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los 50 estados más el Distrito de Colombia tendrían tipos impositivos máximos sobre el IRPF superiores al 50%.

En la actualidad, EEUU se sitúa justo por detrás de España, con una fiscalidad máxima del 42,9% que supera tímidamente a la de la media de la OCDE (42,6%). Sin embargo, con los cambios propuestos, los contribuyentes con rentas más altas se enfrentarían a un recargo sobre la renta bruta ajustada modificada (MAGI, por sus siglas en inglés), es decir, la renta bruta ajustada menos los gastos de intereses de inversión.

El recargo sería del 5% para los ingresos que superen los 10 millones de dólares, que sumaría otro 3% si se superan los 25 millones de dólares. El plan también redefine la base impositiva a la que se aplica el impuesto sobre los ingresos netos de inversión (NIIT, por sus siglas en inglés) del 3,8% para incluir la parte "activa" de los ingresos de las empresas intermediarias: todos los ingresos imponibles que superen los 400.000 dólares (declarante único) o los 500.000 dólares (declarante conjunto) estarían sujetos a un impuesto del 3,8% debido a la combinación de los impuestos NIIT y Medicare, el servicio de salud para mayores. Según la ley actual, el tipo impositivo marginal superior sobre los ingresos ordinarios aumentará del 37% al 39,6% a partir de 2026. Es por ello que, en general, el tipo impositivo marginal superior sobre el IRPF a nivel federal aumentaría hasta el 51,4%. A ello habría que sumar los que aplican cada uno de los estados.

Mandatos de vacunación

Por otro lado, buena parte de los empleadores en EEUU tendrán que asegurarse antes del 4 de enero que sus trabajadores se vacunen o se sometan a pruebas semanales de Covid-19 bajo los requisitos de vacunación presentados por la Administración Biden. Los requisitos publicados el jueves por el Departamento de Trabajo ponen en práctica una directiva sobre vacunas que el presidente Biden anunció en septiembre. Se aplican a compañías con más de 100 empleados. Las empresas sujetas a las normas deben asegurarse de que sus empleados que no estén vacunados den un resultado negativo al menos una vez a la semana y lleven una mascarilla en el lugar de trabajo. La nueva política no obliga a los empleadores a proporcionar o pagar las pruebas, con posibles excepciones. Los empleadores que no cumplan con los requisitos podrían enfrentar multas de hasta 13.600 dólares por infracción. Los trabajadores que teletrabajen no tendrán que atenerse a estas medidas.

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