Nueva York
La saga sobre la agenda económica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este jueves a un nuevo punto de inflexión. Tras semanas de negociaciones, la Casa Blanca revisó su plan de gasto social y medioambiental reduciendo su tamaño hasta los 1,75 billones de dólares (1,85 billones si se incluye la partida de 100.000 millones destinada a inmigración).
El mandatario adelgazó sus propuestas, que originalmente ascendían hasta los 3,5 billones de dólares, con la esperanza de cerrar las rencillas entre los demócratas y poner pie en Roma este viernes con una hoja de ruta avalada por su partido. Al fin y al cabo reconoció a puerta cerrada que su presidencia dependerá de que este paquete llegue a buen puerto. Sin embargo, al cierre de esta edición, quedaba en el aire todavía el apoyo de senadores demócratas como Joe Manchin o Kyrsten Sinema.
La revisión presentada dejó fuera algunas de las iniciativas más potentes prometidas por Biden durante su campaña electoral, como las bajas por enfermedad remuneradas. Sobrevivieron, entre otras, el acceso universal a guarderías y educación preescolar de niños entre 3 y 4 años, cuya financiación se extenderá al menos 6 años. También las subvenciones al cuidado infantil, limitando lo que pagan las familias al 7% de sus ingresos. El plan ofrece una prórroga de un año al actual crédito fiscal por hijo, que en la actualidad beneficia a 35 millones de hogares.
Un plan edulcorado
Del lado medioambiental, los incentivos fiscales para fomentar el uso de energías limpias se ampliarán durante una década, tanto del lado residencial como de los servicios públicos, incluidos los coches eléctricos. Las subvenciones a la Ley de Asistencia de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) relacionadas con la pandemia durarán otros cuatro años más y el seguro de salud público Medicare, principalmente dirigido a los mayores de 65 años, cubrirá costes relacionados con los problemas de audición.
El paquete de medidas incluye una partida para mejorar y reformar el "maltrecho sistema de inmigración" de acuerdo con las normas de conciliación del Senado. Si llegase a contar con el visto bueno de ambas Cámaras del Capitolio, la agenda social y climática de Biden se costeará implantando un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios de las grandes empresas. También adoptará el impuesto mínimo global del 15% negociado por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, bajo el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y aplicará un tipo impositivo adicional del 5% a los ingresos de los contribuyentes superiores a 10 millones de dólares.
Este tributo aumentaría otro 3% sobre los ingresos superiores a 25 millones de dólares. Finalmente, no se incluye la iniciativa de imponer un impuesto a las plusvalías del 23,8% a los multimillonarios. Eso sí, el plan aboga por un recargo del 1% sobre la recompra de acciones por parte de las empresas, que la Administración Biden considera que los directivos "utilizan con demasiada frecuencia para enriquecerse en lugar de invertir en los trabajadores y hacer crecer sus negocios".
La administración Biden planea reforzar el IRS con una inyección de dinero para ayudar al recaudador de impuestos a contratar más auditores y actualizar su tecnología. Según explican desde la Casa Blanca, los índices de auditoría de quienes ganan más de un millón de dólares al año en EEUU se redujeron en más de un 60% en la última década.
Los demócratas no pueden perder ningún escaño en el Senado y solo pueden permitirse el lujo de dejar atrás tres votos de su bancada en la Cámara de Representantes, dado que los republicanos se oponen a financiar la agenda de Biden. Además, los legisladores en la Cámara Baja deben aprobar el proyecto de ley bipartidista de infraestructura, que incluye un gasto adicional de 550.000 millones de dólares.
