Valencia
Sin sorpresas en la hoja de ruta para la reforma de la fiscalidad valenciana. El informe encargado a los expertos propone más impuestos verdes y sobre centros comerciales, un impuesto sobre las bebidas azucaradas y mantener el polémico Impuesto de Patrimonio. Además, incluye rebajar los tipos del IRPF en los tramos bajos y subirlos para los tramos de más poder adquisitivo.
El Pleno del Gobierno valenciano ha recibido hoy el informe que el propio presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, encargó hace más de un año a un comité de expertos para plantear una reforma fiscal en el ámbito de la Comunidad Valenciana, además de una postura frente a la política fiscal en el conjunto de España.
El informe de 260 páginas propone ampliar los impuestos verdes y pone como ejemplo "sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, o sobre la emisión de gases de efecto invernadero por actividades y grandes establecimientos comerciales, entre otros".
Más fiscalidad medioambiental es uno de los puntos en que coinciden los tres socios de izquierdas, PSPV, Compromís y Unidas Podemos, que sin embargo han dejado claras sus diferencias en otros apartados, como aplicar una tasa turística autonómica.
También plantea una reforma de las tarifas autonómicas sobre el IRPF con dos opciones distintas en las que en ambos casos, según la Generalitat mantiene la recaudación prácticamente constante. En ambas, se propone una bajada de tipos para rentas bajas y medias, y un incremento de los tipos para las rentas altas, manteniéndose constantes tanto los 10 tramos como el tipo máximo en el 29,50%.
Defiende Patrimonio
El informe respalda en su integridad el diseño actual del Impuesto de Patrimonio en la parte correspondiente al Consell. De hecho, en línea con las reivindicaciones de Puig sobre 'dumping fiscal' a otras autonomías como Madrid, solicita al Estado una armonización y limitación de determinadas potestades normativas de las comunidades autónomas en materia de deducciones y bonificaciones de la cuota de este impuesto, "limitándolo a circunstancias personales de discapacidad, sin que en ningún caso puedan suponer una reducción de la cuota superior al 50%".
Este impuesto es uno de los más polémicos e incluso ha sido recurrido por varias patronales al considerarlo confiscatorio y haberse eliminado en la mayoría de países de la Unión Europea.
La propuesta también introduce una reordenación de la bonificación sobre la cuota en adquisiciones mortis causa del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.