Economía

La UE relanza su política de control de reglas fiscales y anuncia reformas

  • Bruselas busca cambios normativos para frenar la deuda sin bajar la inversión
  • Gentiloni pide un debate que "garantice unas finanzas públicas sólidas"
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Paolo Gentiloni. EFE
Bruselas

La Comisión Europea reabrió el martes el debate sobre la reforma de la gobernanza económica de la Unión Europea, y aunque evita anticiparse al resultado de la consulta con gobiernos, expertos y actores sociales, aspira a encontrar una fórmula que permita una reducción sostenida de la deuda pública, sin frenar la inversión para apoyar la recuperación económica y las transformaciones ecológica y digital.

"No basta con el repunte de nuestra economía. Aspiramos a un crecimiento sostenible y sostenido. Con esto en mente, hemos lanzado la revisión de nuestra governance económica. Los cambios son necesarios," aseguró el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en rueda de prensa. "Estamos superando nuestras previsiones de crecimiento, el desempleo ha vuelto casi a los niveles anteriores a la crisis, pero la crisis también ha agudizado algunas vulnerabilidades," añadió el vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis.

La crisis ha agudizado la desigualdad, la pobreza, o la brecha entre unos países. Pero sobre todo, ha disparado los niveles de deuda pública, con las normas fiscales suspendidas desde marzo de 2020 para dar margen a los gobiernos europeos para aumentar le gasto público y mantener las economías a flote durante la pandemia. Ahora Bruselas busca la manera de volver a la senda de ajuste, sin dinamitar el crecimiento. "Uno de los temas es cómo lograr la cuadratura del círculo. Por un lado reducir la deuda pública y, por otro, promover la inversión," reconoció Dombrovskis.

"Uno de los legados de la anterior crisis financiera fue que, gradualmente, durante esos años, la inversión pública en la Eurozona cayó hasta cerca de cero en términos netos. La inversión se llevó la peor parte de los recortes y las políticas fiscales estuvieron a menudo lejos de favorecer el crecimiento," explicó Gentiloni. La Comisión no quiere cometer los mismos errores. Bruselas estima que las transiciones verde y digital exigirán una inversión de en torno a 650,000 millones al año. Parte del dinero tendrá que venir del sector privado, pero el comisario insistió en el papel fundamental de los gobiernos nacionales. Sin embargo, los los países se han endeudado a niveles nunca vistos en los últimos meses para hacer frente a la crisis. La media europea está en torno al 100% del PIB.

Y si ya antes de la crisis la reducción de la deuda era un problema para países como España, Italia o Grecia, la situación actual hace la labor mucho más compleja, pero necesaria. "Será esencial reducir la elevada deuda pública, ya que esto determinará la capacidad de respuesta ante posibles shocks futuros," aseguró Dombrovskis, "pero tenemos que hacerlo de forma inteligente, de manera gradual y sostenida y favoreciendo el crecimiento. Esto implica promover la inversión pública de alta calidad," añadió.

Reflexión colectiva

Gentiloni llamó a "reflexionar colectivamente" sobre cómo reformar las normas fiscales para que garanticen una fianzas públicas sólidas, "que son un ingrediente esencial para la economía europea", y evitar el fantasma de la austeridad favoreciendo una reducción de la deuda que sea "realista y compatible con una estrategia de crecimiento sostenible."

La Comisión ya se propuso abrir el debate sobre la necesidad de reformar el Pacto de Crecimiento y Estabilidad en febrero de 2020, al entender que las normas habían quedado obsoletas y eran extremadamente complejas. La crisis del COVID19 frenó una discusión que, sin embargo, la propia pandemia ha hecho más pertinente que nunca.

El martes, el ejecutivo lanzó una consulta pública que espera abrir ese debate, que pasa por decidir si hay que reformar el pacto en profundidad, redefinir las normas, los indicadores, los objetivos… O si sería suficiente con introducir pequeños cambios que incrementen la flexibilidad y den algo más de margen a los gobiernos. Un debate técnicamente complejo y políticamente cargado, con los socios divididos.

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