Madrid
El Gobierno ha trasladado a la Unión Europea que bajará en 2022 la deuda hasta 4,5 puntos, situándola en el 115,1% del PIB desde el 119,5% de este año. El Gobierno sostiene que contendrá así el nivel de duda pese a firmar los Presupuestos más expansivos de la historia. El Plan Presupuestario 2022, enviado el viernes a Bruselas para el visto bueno de la Comisión Europea, recoge que el gasto consolidado del Estado para 2022 serán de 458.970 millones de euros -el mayor gasto de la historia-, de los que 27.633 pertenecerán a los fondos europeos.
Moncloa fía así las Cuentas a unas cifras de crecimiento del PIB de un 7% para el año que viene, muy por encima del consenso de analistas económicos. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional recortó las cifras de crecimiento de la economía española. A su juicio, crecerá este año un 5,7% y un 6,4% en 2022, seis puntos por debajo de lo que estima el Gobierno.
El Gobierno insiste a Bruselas que conseguirá esa cifras de recaudación histórica de 232.352 millones de euros. Sin embargo, las medidas fiscales previstas por el Ejecutivo no son tan ambiciosas como las de otros años. El cambio en la tributación de los planes de pensiones y los cambios en el Impuesto sobre Sociedades (IS) son dos de las medidas que Hacienda ha prometido a Bruselas.
La reforma fiscal prometida
El documento contempla, además, la minoración en el IRPF del límite general de reducción aplicable a la base imponible por aportaciones y contribuciones a planes de pensiones desde los 2.000 a los 1.500 euros. Las cuentas recogen el incremento del límite de reducción por aportaciones a planes de pensiones desde los 8.000 a los 8.500 euros, no sólo mediante la realización de contribuciones empresariales, como ya sucede, sino también con aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social, siempre que estas aportaciones sean de igual o inferior importe a la respectiva aportación del empresario.
Sin embargo, según el Gobierno, estas medidas supondrán un incremento de la recaudación de solo 77 millones de euros. Además, reconoce que sus efectos se verán a partir del segundo trimestre de 2023, cuando se comiencen a presentar las declaraciones del IRPF, correspondientes al ejercicio 2022.
En el Impuesto sobre Sociedades, establece un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible de grupos consolidados o de compañías cuya cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros, lo que supone que no afectará a las pequeñas y medianas empresas. Para las compañías de nueva creación, ese tipo mínimo será del 10%, mientras que para las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos la tributación mínima será del 18%. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció la semana pasada que el impuesto mínimo global apenas tendrá un impacto de 50 millones de euros en la recaudación.
También en el Impuesto sobre Sociedades se recoge una reducción en el porcentaje de bonificación a de las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas, que pasa del 85% al 40%, con objeto de que el tipo mínimo del 15% sea de aplicación también a las empresas dedicadas a este negocio. Los cálculos de Hacienda contemplan un aumento recaudatorio de 421 millones de euros por los cambios introducidos en Sociedades en los Presupuestos Generales del estado de 2022.
Gastos en alza
Pese a firmar el mayor gasto público de la historia, el Gobierno espera que el buen desempeño económico del año que viene reduzca el porcentaje de gasto público, deuda y déficit de las cuentas españolas. Así, Moncloa promete a Bruselas que el peso del gasto sobre el PIB baje hasta el 44,7% en 2022 desde el 49,6% previsto en 2021 y el 52,4% alcanzado en 2020 por la fuerte caída de la economía que provocó la pandemia y las medidas de apoyo a familias y empresas que adoptó el Gobierno para mitigar las consecuencias de la recesión.
En cuanto al gasto público por funciones, la Educación representará el 9,2% del total, frente al 9% que se prevé que suponga en 2021. Ello obedece, según los comentarios remitidos a Bruselas por el Ministerio de Hacienda, al presupuesto de más de 5.000 millones de euros con que contará la política educativa en 2022, una cifra también inédita, como lo es por otra parte la partida para becas, que rozará durante el próximo ejercicio los 2.200 millones de euros.