La patronal catalana Foment del Treball ha pedido al Gobierno, a través de la CEOE, explorar la vacunación obligatoria en los centros de trabajo tras el progresivo "retorno a la presencialidad de los trabajadores en los centros de trabajo y la clara evidencia sobre la seguridad y efectividad de las vacunas", según un comunicado. "Se trata de hacer prevalecer el interés general y la seguridad sanitaria" porque existen suficientes disposiciones legales que podrían fundamentar una decisión por parte del Gobierno, añaden.
La reducción de la mortalidad gracias a las campañas de vacunación "avalan decisiones de políticas públicas que puedan contener las devastadoras consecuencias de la pandemia desde el punto de vista social y económico". Expertos jurídicos consultados por Foment, advierten que a pesar de que "por ahora, no existe la norma en nuestro ordenamiento jurídico que lo permita explícitamente, no habría ninguna dificultad" de que excepcionalmente, el interés general relativo a la salud pública prevaleciera sobre el particular, según el comunicado.
Por contra, el experto laboralista consultado por eE, Alfredo Aspra, de Labormatters Abogados, informa que el Comité Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ponderó en febrero -durante un periodo crítico de la pandemia- a la luz de lo recogido en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, el interés general de la población -entendiéndose éste, el derecho a la salud de los ciudadanos-, con el principio de autonomía de voluntad del paciente, previsto en el artículo 2.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. El CISNS mantiene desde entonces y tras cuatro actualizaciones, que "la vacunación contra el Covid no es obligatoria".
En todo momento se ha respetado la voluntad de decidir del paciente, y Aspra expone que "nada haría indicar" que con la incidencia actual, "dicho criterio vaya a ser modificado" por el CISNS.
La patronal remarca que "la vacunación es una obligación moral hacia los otros que tendría que conseguirse con el convencimiento, la información y la evidencia, pero si esto es insuficiente, el gobierno tendría la obligación de imponerla para salvaguardar el interés general".
