Madrid
Los socios de Gobierno cerraron el martes un acuerdo que despeja la presentación de los Presupuestos de 2022 y la futura Ley de Vivienda que establece fórmulas para reducir el precio del alquiler, entre otras medidas. De los detalles que trascendieron está la obligación de destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida, para ampliar el parque público de vivienda, mientras que un 15% de esa cifra será para alquiler social. Desde la CEOE o el Partido Popular lanzaron duras críticas a lo conocido del acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, avanzó que el acuerdo -cerrado entre Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en un encuentro en la Moncloa previo a la celebración del Consejo de Ministros- contempla "un paquete muy potente" de ayudas fiscales con una bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtengan los pequeños propietarios en caso de que bajen voluntariamente el precio del alquiler respecto al contrato anterior.
10 o más inmuebles
Una voluntariedad que no se aplicará a los grandes tenedores (10 o más viviendas alquiladas) que se someterán a un control obligatorio de los precios en aquellas "zonas tensionadas de mercado". Corresponderá a las comunidades autónomas que lo deseen solicitar al Gobierno que se declaré una zona como tensionada para poder intervenir los precios de los alquileres con los mecanismos disponibles que se definan en la norma.
Bolaños confirmó la posibilidad de que cada ayuntamiento aplique de forma, igualmente voluntaria, un recargo de hasta un 150% en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) en viviendas vacías.
Los ayuntamientos podrán recargar con hasta un 150% en el IBI las casas que estén vacías
El alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, prometió que desde el consistorio madrileño articularán las medidas necesarias "para que los madrileños no se vean repercutidos en esta alza injustificada del IBI por parte del Gobierno de la nación".
El presidente del Gobierno se guardó para sí el anunció de algunas medidas sociales que irán ligadas a la Ley de Vivienda. Sánchez adelantó la creación de un bono vivienda dotado con 250 euros mensuales destinado a los jóvenes de entre 18 y 35 años y con rentas anuales inferiores a 23.725 euros para facilitar su emancipación. El bono estará vigente los dos próximos años, según detalló el presidente.
Rehabilitación
En esta línea, el Consejo de Ministros aprobó la regulación de los 4.420 millones de euros de inversión en rehabilitación residencial con cargo a los fondos europeos y de otros 1.000 millones para la construcción de vivienda social, así como nuevas deducciones en el IRPF por rehabilitación. El real decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye una línea de avales ICO y deducciones fiscales de 450 millones.
Antonio Garamendi, líder de los empresarios, denunció una "distorsión brutal" de la libertad y del derecho a la propiedad por inferir "directamente contra la propiedad privada" y afectar "a la gente que ahorra, que tiene propiedades". La portavoz del grupo parlamentario del PP, Cuca Gamarra, habló de "un ataque sin precedentes a la propiedad privada".
Subir el tipo mínimo al 15% con los PGE
El acuerdo cerrado entre los máximos líderes del PSOE y las de Unidas Podemos incluía, además de la futura Ley de Vivienda, las bases de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Aunque desde el partido socialista desligaron ambas normas, desde UP se habló de un acuerdo único.
De hecho, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se adelantó a Félix Bolaños, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, para anunciar que el proyecto de Presupuestos se aprobará el próximo jueves Consejo de Ministros extraordinario para poder cumplir el compromiso del presidente de Sánchez de presentarlo como tarde en la primera semana de octubre.
Félix Bolaños, ministro de Presidencia, confirmó la fecha y anunció que el proyecto presupuestario incluirá un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, que se aplicará sobre la base imponible, para "adaptarse al consenso internacional". Bolaños recordó que, al margen de esta medida, "hay una reforma fiscal en curso" que estudia el comité de expertos que tiene que presentar su informe en febrero de 2022.
Las cuentas públicas para el próximo año incorporan 25.000 millones de euros de fondos europeos
En el Senado, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado que ese tipo será sobre la base imponible.
El ministro señaló que las cuentas públicas para el próximo año incorporan 25.000 millones de euros correspondientes a la segunda anualidad de los fondos europeos, que servirán para "fortalecer la economía y hacerla más sólida y sostenible". Bolaños explicó que, tras su aprobación por parte del Gobierno y exposición por parte de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, las cuentas públicas se llevará a tramitación parlamentaria con la idea de que antes del 31 de diciembre esté aprobada y, por tanto, el 1 de enero entre en vigor.
Para ello, el aseguró que se escuchará a todas las formaciones para intentar integrar al mayor número de grupos parlamentarios posible. "La idea es que aprobemos estos Presupuestos para la imprescindible recuperación justa que estamos abordando desde el Gobierno tras la pandemia", remarcó.
