Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, lo soltó como si de una bomba se tratase: el salario mínimo interprofesional (SMI) debería diferenciarse por territorios, dijo, pues 950 euros no tienen el mismo poder adquisitivo en una comunidad autónoma que en otra, como tampoco lo es el salario medio con el que se debe comparar, según recomienda la Comisión Europea y la OCDE.
Sindicatos y Gobierno saltaron como un resorte. Las vicepresidentas primera, Nadia Calviño, y segunda, Yolanda Díaz, generalmente de opiniones dispares, coincidieron en rechazar tal posibilidad. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también se mostró contraria -"no sería conveniente"-, sentenció. El primero en mostrar su desacuerdo fue el secretario de Estado de Empleo y responsable de la negociación del SMI, Joaquín Pérez Rey, que matizó que "esto es por completo ajeno a la tradición jurídica y política del país y tendría efectos devastadores en términos de unidad de mercado".
Los sindicatos siguieron la senda marcada por el Gobierno. Pepe Álvarez (UGT) ironizó con la tesis de la CEOE a la que llevó al paroxismo al preguntarse por qué no debería haber cuatro SMI diferenciados en Cataluña. "Los salarios en Lleida tienen poco que ver con los de Barcelona", dijo. Para Unai Sordo (CCOO) no pasa de una ocurrencia a la que no hay que prestar demasiada antención.
Podría pensarse que la sugerencia de Garamendi fue una mera defensa ante la decisión del Gobierno de subir el SMI para la última parte de 2021. Y, especialmente, a la exclusisón de la CEOE de una negociación más amplia sobre el salario mínimo de 2022 y 2023.
Algunas organizaciones pertenecientes a la Confederación Empresarial se preguntan, incluso, si no fueo, ciertamente, una "ocurrencia" sin calado real. Sin embargo, expertos de derecho laboral relacionados con la patronal señalan a este diario que la idea que maneja en Diego de León, 50. Fuentes de la CEOE confirman este debate interno, aunque en una fase muy primaria, sin estudios de cuál es el salario medio por regiones y, por tanto, cuál debería ser el SMI en cada CCAA si se tiene en cuenta que se fijaría sobre el 60% del salario medio regionalizado.
Estas fuentes apuntan más lejos y no hablan de un SMI territorializado, sino de un SMI diversificado. Se trataría de tener en cuenta las especificidades de cada sector y también de ciertos colectivos, lo que permitiría afinar más con el fin de minimizar el efecto que una subida pueda acarrear. Como ejemplo, las fuentes consultadas señalan que la subida del SMI en 2019 bloqueó, por el efecto arrastre en otros salarios, los convenios del campo o en otro colectivo laboral, como los cuidadores del hogar. Por tanto, se trataría de establecer distintas progresiones. De hecho, en Alemania el SMI está diferenciado.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, aun reconociendo que existen países que tienen salarios mínimos diferentes por edades o por sectores, consideró que esa posibilidad "no es la adecuada" en España. "En un país como el nuestro, que tiene divergencias territoriales tan importantes y problemas con el reto demográfico y de despoblación en parte del territorio, nos parece que no sería una decisión sabia empezar a discriminar por territorios", remarcó.
La CEOE, y así lo han reiterado en varias ocasiones, no está cerrada a que se suba el salario mínimo, ni que se cumpla con el pacto de Gobierno de situarlo en el 60% al final de la legislatura. De hecho, la patronal firmó con los sindicatos que para enero de 2020 se situaría en 1.000 euros, aunque la pandemia frustró tal pacto. Una subida que la patronal condiciona a cuatro peros: uno, la evolución del PIB; dos, la evolución del empleo; tres, la evolución del Índice de Precios al Consumo; y cuatro, la evolución de la productividad.
Globo sonda o estrategia de fondo
Ciertamente, como señala Pérez Rey, un salario mínimo interprofesional territorializado está fuera de la normativa actual española. El experto en SMI y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, Oscar Molina, señala que para afrontar la reforma que pretende la CEOE hay que modificar la legislación nacional. Con la actual, no es posible.
De momento, la petición de un salario mínimo territorializado o diversificado de la CEOE se ha quedado en un mero globo sonda; en unas declaraciones de su presidente Garamendi. Los negociadores de la patronal que han abordado estos días una subida del SMI para lo que queda de año, no han puesto encima de la mesa territorializar o diversificar el salario mínimo del futuro, según confirma a eE un asistente a las dos reuniones convocadas por Joaquín Pérez Rey.
El diálogo sobre una subida para el resto de 2021 está en vía muerta. Los órganos directivos de la CEOE ya han acordado por unanimidad no rubricar un aumento para el presente año. Sin embargo, informalmente, la ministra de Trabajo sigue manteniendo contactos discretos, con el objetivo de indagar sobre un acuerdo que podría ser de legislatura. Todas las partes lo desean: sindicatos, Gobierno y la patronal, que así lo ha dicho.
La pregunta que se hacen los sindicatos es si el intento de la patronal de modificar la reglas del juego del SMI no se deberá más a un intento de boicotear ésta y otras negociaciones pendientes con una propuesta, considerada disparatada por ellos y el Gobierno.
