Nadie quiere deshojar el efecto perverso que puede tener la subida del SMI en las trascendentales negociaciones que mantiene el Gobierno con los agentes sociales en materias de calado. En los próximos meses debe decidirse un nuevo marco de las relaciones laborales y la solidez financiera de las cuentas de la Seguridad Social para la próxima década. Incluso asuntos más perentorios, como el futuro de los más de 250.000 personas que actualmente están viviendo de los Ertes que miran, con lógica preocupación, al 30 de septiembre cuando se les acaba la cobertura legal. Su panorama puede ponerse negro si Gobierno, sindicatos y empresarios no encuentran una solución para ellos y sus empresas.
Sin embargo, nadie duda de que el proceso de subida del salario mínimo ha minado de suspicacias las relaciones entre las tres partes. Los empresarios no acaban de comprender porque el Gobierno no puede diferirla unos meses, hasta enero del año próximo, y dar un tiempo para que se consolide la recuperación del tejido empresarial, especialmente las pymes. La decisión unilateral, adelantada por el presidente de Gobierno de que se produciría una subida, antes incluso de abrir las negociaciones, ha generado malestar entre los líderes y las bases empresariales.
Por otro lado, los sindicatos muestran su enfado, tanto con los empresarios, a los que acusan de romper una larga trayectoria de acuerdos por una raquítica subida de 15 euros para los cuatro últimos meses del año destinada al colectivo de los trabajadores más desfavorecidos, un millón y medio, que cobra 950 euros al mes por catorce pagas. Pero también con el Gobierno, en especial el área Económica, que ha diferido esta subida con el fin de apaciguar a la CEOE y Cepyme para que finalmente no haya pacto.
Movilizaciones de los sindicatos
Cada mes, desde febrero, los sindicatos se han movilizado frente a las sedes gubernamentales en protesta por la decisión del Ejecutivo de dar de lado a este colectivo y por no afrontar la reforma laboral a pesar de que los posiciones de las partes están muy claras. Tanto Unai Sordo, secretario de CCOO, como Pepe Álvarez, de UGT, han celebrado la reciente decisión del Ejecutivo de subir el SMI, pero han recriminado a Sánchez que llega tarde.
Y, por medio, el líder del sindicato cercano ideológicamente al PSOE tuvo que amenazar hace un par de semanas al presidente con salirse de todas las meses de negociación si no se subía el salario mínimo antes de que terminase septiembre. Una amenaza que Pepe Álvarez reiteró esta semana.
Pero la decisión de la CEOE de no secundar el aumento del SMI tampoco ha sentado muy bien al Gobierno en pleno. Especialmente a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que esta semana se mostraba dura con Antonio Garamendi. "Los empresarios tendrán que explicar a los ciudadanos porque no quieren subir el salario a este colectivo", dijo. Cabe recordar que Calviño ha sido la mayor valedora de los empresarios en esta materia y fue ella la que frenó el incremento en enero. El Gobierno dijo entonces que se retrasaba hasta ver como se recuperaba el empleo y la economía tras el verano. Y ambos van bien. Calviño añadió, a modo de amenaza velada, que la patronal acudiría pronto a la reunión de los Ertes para pedir más ayudas al Estado en busca de las cotizaciones de miles de personas en expediente temporal de empleo.
Pero la decisión de no sumarse al pacto supone, además, el abandono de la CEOE del sendero de los acuerdos en el diálogo social que tanto rédito ha proporcionado al Ejecutivo de coalición y encumbrado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dentro del Gobierno y de Unidas Podemos.
Ya son muchas las voces que empiezan a preguntarse si la decisión de la patronal se debe más a una estrategia política, de tintes electorales, que a una decisión de ámbito meramente laboral. Lo que no ayuda.
La desconfianza se ha sembrado, pues, entre los negociadores y, aunque todas las partes insisten en que la ruptura del diálogo para buscar una subida pactada del SMI no contaminará el resto de negociaciones abiertas, lo cierto es que de espaldas a las cámaras todos reconocen que las relaciones se han enturbiado. Lo que hace que las próximas reuniones del diálogo social se afronten a cara de perro.
Los sindicatos radicalizarán sus posiciones, pues la confianza en la CEOE se ha roto. Si los empresarios no han mostrado buena voluntad para resolver la "patata caliente" de la subida del SMI, en la que los sindicatos han empeñado su palabra, no recibirán de las centrales comprensión. Eso ayudará poco en la reforma laboral, donde las posiciones actuales están muy lejos de un posible acuerdo. El Ejecutivo está, pues, en medio del fuego cruzado.