Calviño pide a Bruselas más plazo para repartir las ayudas pendientes

El Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea que se extienda el marco extraordinario de ayudas públicas de respuesta al Covid-19 más allá del 31 de diciembre para poder ampliar el plazo de las ayudas directas de 7.000 millones para pymes y autónomos, según ha confirmado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Tal y como reprochó esta semana la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, la vicepresidenta Nadia Calviño también señaló que las comunidades, que son las encargadas de gestionar estos fondos, han desplegado de forma desigual las ayudas directas. "Es verdad que el ritmo de ejecución de las CCAA está siendo muy desigual y hay algunas que nos han anunciado que van a terminar de ejecutarlas en breve y otras van más rezagadas", señaló la vicepresidenta en una entrevista en Onda Cero.

El estancamiento del reparto de las ayudas persiste a pesar de que a tenor de las condiciones previstas por el Ministerio de Economía, a mediados del pasado mes de mayo se aprobó una extensión de los sectores a los que se le podía conceder esta financiación. Sin embargo, la dificultad en el cumplimiento de los requisitos a los posibles beneficiarios; el desconocimiento de la realidad de nuestro colectivo; la nula comunicación de la Administración con las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos, que, además, podrían haber participado en el diseño junto al ministerio, "ha desencadenado la tormenta perfecta para hacer de estas ayudas un verdadero fiasco". En resumen, las comunidades autónomas aún no han repartido todas las ayudas.

El Gobierno culpa a las comunidades autónomas de los retrasos en el reparto

Ante esto, Calviño defendió que el Gobierno ha prestado "todo el apoyo posible" a las comunidades que van más lentas, pero ante estos retrasos se ha solicitado la ampliación del plazo con el objetivo de que lleguen a un conjunto más amplio de empresas afectadas por la pandemia.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, denunciaba a principios de verano que "ya lo avanzamos en su momento, el diseño de esta ayuda no podría llegar a la inmensa mayoría de los autónomos que han sufrido pérdidas de facturación. Se ha castigado a gran parte del colectivo que ha sufragado con recursos propios el pago a sus proveedores, descapitalizándose totalmente y agotando en muchos casos hasta su último céntimo para abordar la situación económica".

¿Quién puede acceder?

Real Decreto Ley 5/2021 de 12 de marzo sobre de 11.000 millones de ayudas a las empresas y los autónomos afectados por las restricciones de la pandemia, aprobado en Consejo de Ministros, destina 7.000 millones a ayudas directas a un total de 95 sectores.

El plan de ayudas del Gobierno tiene tres pilares fundamentales: 3.000 millones para el fondo de reestructuración de deudas financieras, 1.000 millones para el fondo de apoyo a la solvencia de empresas y los 7.000 millones para ayudas directas, que se dividen en uno de 5.000 millones de euros para todas las comunidades y ciudades autónomas y otro de 2.000 millones para Canarias y Baleares. Así, las ayudas serán gestionadas por las comunidades autónomas y la asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el React-EU.

Este paquete de ayudas están destinadas a casi 100 subsectores dentro de los negocios especialmente afectados por la pandemia, como la hostelería, la restauración, el comercio al por mayor y minorista y sectores relacionados con la cultura.

Para acceder a las ayudas, la normativa establece que tienen que haber sufrido una caída de ingresos de, al menos, el 30%, y explicó que el listado elaborado por el Gobierno incluye aquellos negocios con más del 10% de la plantilla aún en Erte o que no hayan conseguido reincorporar, al menos, el 75% de los empleados máximos que tuvieron en Erte en su pico máximo. Calviño detalló en el momento de su aprobación que figuran sectores como el textil, comercio, turismo, restauración, cines, museos o gimnasios. Algunos de estos sectores no estuvieron contemplados en un primer momento. A esa selección, las CCAA podrán añadir ahora otros sectores o empresas que consideren que precisen soporte en función de las restricciones.

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