Madrid.
En los últimos años, la delicada situación financiera de la Seguridad Social ha aflorado como el principal reto que tienen tanto los partidos políticos como los actores sociales de cara a la futura sostenibilidad financiera de las pensiones en nuestro país. Este factor de reequilibrio de las Cuentas está presente en las primeras medidas que se han aprobado para la reforma y que ya han iniciado el proceso de aprobación en el Congreso de los Diputados, y también será un componente principal en la segunda fase de las negociaciones sobre la reforma que tendrá lugar el próximo año. Una fotografía fija de esta coyuntura económica de la Seguridad Social y de la travesía en el desierto de los último años se puede extraer del estado actual de la conocida como hucha de las pensiones, y más concretamente, de la evolución sufrida tras la anterior crisis económica. Así, el fondo de reserva de las pensiones acumula ya una década sin recibir nuevos ingresos, es decir, diez años sin sumar ni un solo euro a la hucha por la vía de los excedentes de cotizaciones.
De este modo, la última vez que se dotó con nuevos ingresos a esta hucha fue en el año 2010, cuando a finales de año se pudieron depositar 1.740 millones de euros procedentes de excedentes presupuestarios de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Según los datos del informe oficial del Gobierno sobre el estado financiero del fondo de reserva al que ha tenido acceso elEcomomista, si este anteriormente apuntado fue el último ingreso que recibió la hucha, el acumulado de todos los excedentes que han ido nutriendo la cuenta desde el año 2000 hasta 31 de diciembre de 2020, alcanza los 52.113 millones de euros.
Ayudas para pagar la factura
Más allá de las cifras concretas sobre el estado del fondo de excedentes de la Seguridad Social, este fue concebido como una ayuda extra para el Sistema a la hora de abonar las facturas mensuales de pensiones en los años en los que las cotizaciones sociales de los trabajadores no fueran suficientes para cubrir el coste que, en la actualidad, ya ronda todos los meses los 10.000 millones de euros. Y precisamente esta es la situación que se precipitó tras el estallido de la pasada crisis financiera, aún con más intensidad a partir de 2012, cuando una segunda recesión impacto en España ahondando en los estragos del mercado laboral. Esa destrucción de empleo que sufrió España desde 2008 hizo que precisamente se desplomasen los ingresos de la Seguridad Social por la vía de cotizaciones llevando al Sistema a una situación de déficit que se ha replicado en los últimos años en el entorno de los 18.000 millones de euros. Es en esos años cuando se intensificaron las extracciones de dinero de la hucha de las pensiones.
Concretamente, en el ese año 2012 en el que la crisis volvió a cebarse con el mercado laboral español, el Gobierno sacó de la hucha un total de 3.940 millones de euros para ayudar al pago de las pensiones, cifra que ascendió a 11.648 millones el año siguiente y hasta los 15.300 millones en 2014. Ya en 2015, pese a estar inmersos en la recuperación económica y del mercado laboral el Ejecutivo volvió a extraer en ese caso un montante de 13.250 millones de euros, cifra que se superó en 2016, cuando las disposiciones de la hucha fueron de 20.000 millones. La última extracción de dinero por parte del Gobierno de Mariano Rajoy fue ya en 2017 y por un valor de 7.100 millones de euros. Una senda que mantuvo el PSOE en su llegada a La Moncloa en 2018, cuando dispuso de 3.000 millones de euros para afrontar el pago de las prestaciones y otros 2.900 millones más en 2019. Fue entonces cuando se cesaron las disposiciones de dinero de este fondo, en el que a día de hoy restan 2.138 millones de euros.
Oxígeno financiero
Más allá de este ciclo de merma de la cuantía del fondo de reserva, las extracciones realizadas responden a la necesidad de completar la recaudación por cotizaciones necesaria para cubrir la totalidad de la nómina en esos años. Y a pesar de que el Ejecutivo frenó en los años 2020 y en este 2021 la extracciones de dinero de la hucha, sí que el Gobierno ha detectado esta necesidad en el medio y largo plazo. Es decir, parece que los déficit acumulados en los años de recuperación económica ya con niveles de afiliación previos a la cota de 2008 dibuja un escenario de cierto nivel de déficit estructural que no ha sido capaz de absorber la mejora del empleo.
Es por ello que una de las patas fundamentales del primer acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, así como de los partidos políticos en el Pacto de Toledo, es el establecimiento de una transferencia anual procedente de los Presupuestos Generales del Estado, por valor de 18.000 millones de euros para este 2021, pero que ascendería hasta los 23.000 millones de euros anuales a partir de 2023, cuando se terminaría el proceso de traspaso de los denominados como gastos impropios de la Seguridad Social.
Con todo ello, tras el desempeño mostrado en los últimos y la refriega política por la merma de las cuantías de la hucha la Comisión del Pacto de Toledo, en sus recomendaciones aprobadas en el Pleno del Congreso de los Diputados el 19 de noviembre de 2020, planteó la conveniencia de establecer un remanente mínimo del fondo de reserva sujeto a una regla endurecida de disponibilidad, considerando que el fondo de reserva no es el mecanismo adecuado para resolver los desequilibrios financieros de naturaleza estructural sino que éstos deberán atajarse con reformas igualmente estructurales.
