Madrid
La letanía de los autónomos para acceder al fondo de ayudas directas dotado con 7.000 millones de euros y que aún tiene un 60% del total sin conceder, tras cuatro meses de vigencia, parece haber alertado a los técnicos del Gabinete del Ministerio de Economía, que desde esta misma semana ya estudian dos propuestas para agilizar la liberación de este dinero.
Concretamente, para estos casi 5.000 millones de euros que aún descansan en las arcas públicas de las comunidades autónomos -a las que se les transfirieron los fondos y que son las responsables de aprobar las solicitudes en virtud de los requisitos impuestos- el Gobierno ya valora la posibilidad de que puedan ser usados para liquidar las deudas tributarias y los aplazamientos solicitados por pymes y autónomos tanto a la Seguridad Social como a la Agencia Tributaria. Y también se medita la opción de extender la ayuda para devolver aquellos préstamos extrabancarios solicitados por los trabajadores por cuenta propia para sostener sus negocios, con fecha previa a la aprobación en mayo del fondo de rescate, y que han soportado los familiares y amigos de los afectados, principalmente.
Esta medida, más allá, supondría un balón de oxígeno para el colectivo en un momento en que parece que la situación sanitaria vuelve a trastocar la actividad de los comercios y del sector servicios, en plena temporada estival, que quedará limitada según las medidas que ya están adoptando las comunidades autónomas con motivo de la quinta ola de contagios. Así, uno de los puntos clave de la propuesta que ha hecho llegar UPTA, una de las asociaciones representantes del colectivo al Gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, está en que si este dinero fuera a parar a la liquidación de atrasos y pagos de los autónomos y pymes con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, se lograría un doble beneficio. Por un lado permitiría al Estado recuperar o cobrar parte de estos pagos demorados, que suponen una deuda de facto con la Administración Pública y por otro lado supondría que los afectados podrían volver a solicitar el resto de ayudas públicas desplegadas para el colectivo a nivel regional y local, ya que un requisito imprescindible en todas estas solicitudes es encontrarse al corriente de pago con las administraciones del Estado.
Según UPTA, el Ministerio de la vicepresidenta primera está valorando esta propuesta tras las conversaciones mantenidas esta misma semana, en la que la asociación habría aportado los datos que dan cuenta de la lentitud con la que se están concediendo estas ayudas directas. Para UPTA, esto "supondría un auténtico espaldarazo para paliar la difícil situación que están atravesando miles de autónomos que no pueden solicitar ninguna ayuda de las administraciones por no estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria o la Tesorería de la Seguridad Social". El presidente de la organización, Eduardo Abad, asegura al respecto que se está a tiempo de enderezar el rumbo del plan de ayudas y la solución pasa por ser "eficaces".
Modificar requisitos
Desde su punto de vista, el Gobierno debe establecer mecanismos que permitan a las comunidades autónomas cambiar las órdenes de ayuda y "con ello conseguir un doble efecto, por un lado, saldar deudas existentes con la administración central y por otro que los autónomos puedan acogerse a las ayudas de todas las administraciones".
"Más del 60% de los 7.000 millones de euros de este plan de ayudas directas quedarán sin repartir porque no se pueden cumplir las restrictivas condiciones de acceso impuestas por el Real Decreto del mes de mayo", según Abad.
UPTA asegura que uno de los principales problemas de este plan de ayudas reside en la obligatoriedad de mantener vivas deudas con proveedores o suministradores de bienes o servicios con anterioridad a la fecha de publicación del Real Decreto, además de establecer unos determinados supuestos que hacen referencia a las pérdidas contables, que al fin y al cabo aluden a gastos sin abonar por parte de la sociedad.
"Desde UPTA también queremos esclarecer cómo deben considerarse los préstamos realizados por parte de socios de una sociedad mercantil a su propia empresa; o los préstamos que por parte de familiares o cualquier otra persona se produjeran entre marzo de 2020 y mayo de 2021 a un trabajador por cuenta propia para poder hacer frente a sus obligaciones con proveedores. En este sentido, desde UPTA consideramos que una simple elevación a documento público notarial debería ser suficiente para considerarlo un préstamo sin saldar, y, por lo tanto, entrar en los supuestos de justificación para las ayudas gubernamentales, siempre y cuando se justifique el préstamo a través de transferencias bancarias en el periodo anterior a la publicación de la normativa", sugieren desde la entidad representante del colectivo de trabajadores por cuenta propia de cara a dotar de liquidez.
