Madrid
Volver al escenario pre-crisis de deuda pública requiere siete años y un ajuste de 9 puntos de PIB del déficit primario. Es un escenario más que exigente teniendo en cuenta la situación actual de las cuentas públicas, el posible escenario de medio plazo de endurecimiento de la política monetaria si continúan al alza las presiones inflacionistas y la enorme acumulación de deuda de más de 30 puntos de PIB que lastrará el crecimiento de la economía si no se detiene, primero, su crecimiento y, después, se empieza a amortizar deuda de forma acelerada.
Tomando en consideración el escenario macroeconómico presente y el de los próximos años hasta 2026 que estima el Fondo Monetario Internacional (FMI), el camino más factible y directamente controlable por la política fiscal para reducir la deuda pública es conseguir un superávit primario del 2% del PIB a partir de 2026, de manera que en 2028 se hayan amortizado 26 puntos de PIB de deuda, revertiendo la ratio al nivel que alcanzó en el primer trimestre de 2020. Incluso, habría cuatro puntos de PIB más para volver al nivel del cuarto trimestre de 2019, último dato normal.
Partiendo de la base de que las reglas fiscales en la Eurozona se van a recuperar en 2023 y con los condicionantes monetarios y financieros, es urgente que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, diseñe un plan de consolidación presupuestaria creíble internamente, pero muy especialmente hacia los inversores internacionales que, a pesar de haberse visto desplazados por el enorme peso del Banco Central Europeo (BCE), van a recuperar protagonismo los próximos años.
Para evitar una crisis de confianza sobre la deuda soberana (en crecimiento explosivo y superados los umbrales de tolerancia entre el 90% y el 100% del PIB), es necesario diseñar una política que, en primer lugar, consiga detener el crecimiento de la ratio de deuda sobre PIB y, en segundo, empezar a amortizar deuda que ha surgido de manera coyuntural por la crisis y contablemente con el efecto favorable de las transferencias a fondo perdido que la UE hará previsiblemente a España a partir de este mismo año, aunque a un ritmo muy inferior al presupuestado en 2021 (27.000 millones).
Sobre el resto de los factores que determinan el crecimiento de la deuda pública (inflación, tipos de interés reales, crecimiento de la economía) el Gobierno tiene menor capacidad de influencia, aunque sí puede tomar medidas que favorezcan el crecimiento como fortalecimiento de la capacidad de repago de la deuda. La herencia de años pasados de indisciplina fiscal (nunca se cumplió estrictamente los objetivos de déficit ni bajo los gobiernos del PP ni el primero de Pedro Sánchez) ahora pesan como un tiempo perdido para haber saneado las cuentas públicas ante la pandemia.
El papel del IPC en la deuda pública
La reaparición de la inflación no es una buena noticia para la economía española... salvo para el sector público. Un proceso de inflación en los próximos años alcanzando el 2,5% en 2022 y un 3% en 2023 aliviaría significativamente el esfuerzo por parte del Gobierno a la hora de reducir la deuda pública. Concretamente, el esfuerzo que tendría que realizar se reduciría a la mitad hasta 2026, tomando un escenario más suave de reducción del déficit primario.