El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el real decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público gracias al apoyo acordado con ERC, Compromís y Teruel Existe, y la abstención del PNV y Más País-Equo-Los Verdes. Contempla limitar los contratos temporales a un máximo de tres años, indemnizar a los interinos que pierdan su plaza con 20 días por año trabajado y hacer fijas más de 300.000 plazas que ahora son temporales.
Además, el Gobierno ha pactado que los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos. Un añadido de última hora con el que el Ejecutivo ha logrado sacar adelante una votación que a su inicio tenía perdida pero que finalmente ha salvado ERC.
Así lo ha avanzado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante su defensa ante el pleno del Congreso del decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, recogida por Servimedia. El Gobierno y el PSOE han negociado hasta el último momento con los grupos parlamentarios para lograr los apoyos suficientes.
También salida de la negociación, la norma incluirá durante su tramitación como proyecto de ley que las comunidades autónomas puedan decidir que la oposición no sea eliminatoria en los procesos de estabilización de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de tres años por personal interino.
La convalidación de la norma salió adelante con 170 votos a favor, 169 votos en contra y 8 abstenciones, para a continuación ser aprobada su tramitación como proyecto de ley por 346 votos a favor, 1 votos en contra y 1 abstención.
El rechazo confirmado del PP y la falta de apoyos dejaban al decreto al borde de la derogación; ERC, lo salva
En las últimas horas, el PSOE había intensificado los contactos con el bloque con el que sacó adelante sus Presupuestos de 2021 y facilitó la investidura de Pedro Sánchez para salvar de la derogación el decreto ley.
El rechazo confirmado del PP y la falta de apoyos parlamentarios dejaban al mismo al borde de la derogación. El PSOE ha llegado al debate de convalidación del decreto ley con únicamente el apoyo confirmado de los dos diputados de Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria.
Contenido
El real decreto nació de un acuerdo del anterior ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de julio. Las distintas partes alcanzaron este acuerdo después de los pronunciamientos del Tribunal Europeo y del Tribunal Supremo.
En virtud del acuerdo, los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años y esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público. El interino, además, tendrá garantía de permanencia en su puesto de trabajo siempre y cuando esté en marcha el proceso selectivo.
Por su parte, las administraciones deberán indemnizar al personal afectado con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral. Además, todo acto administrativo que suponga el incumplimiento de estos plazos máximos será nulo de pleno derecho y se exigirán las responsabilidades que procedan (en materia disciplinaria, civil o incluso penal) a los gestores.
De manera paralela, el acuerdo contempla "un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales" que hoy están ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 "como fecha límite improrrogable". La experiencia adquirida en el puesto se valorará con hasta un 40% en todos los ámbitos de cara a optar al proceso selectivo de estabilización.
