El uso de efectivo es uno de los caballos de batalla de Hacienda, que lo incluye dentro de su renovada lucha contra el fraude fiscal y con ello estrecha el cerco de su vigilancia a los autónomos, uno de los sectores en los que más importancia tiene este tipo de pago y cobro.
Hace tan solo unos días el Congreso de los Diputados aprobó la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal en la que ha limitado los pagos en efectivo, reduciendo su tope de 2.500 a 1.000 para los empresarios, autónomos y profesionales, entre otras medidas y después de más de 200 enmiendas y varios meses de paralización del proyecto en fase parlamentaria.
Se trata de la última puesta en escena del Gobierno, pero no la única, en materia fiscal. En términos generales, el cerco al uso de dinero en efectivo es uno de los grandes pilares de actuación.
En el proyecto de ley del cual surgió la ley definitiva contra el fraude fiscal ya se le definía como un elemento que "facilita notablemente los comportamientos defraudatorios", pero anteriormente la Agencia Tributaria ya explicó en su Plan General de Control Tributario y Aduanero de 2021 que el uso de efectivo aparece "vinculado a la economía sumergida" y que, por ello, someterá a vigilancia a "aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción social, con especial observancia del uso de efectivo en cantidades superiores a las legalmente establecidas".
Según el portal especializado Autónomos y Emprendedores que cita fuentes procedentes del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), se vigilará con especial ahínco a sectores de autónomos en los que prima con mayor frecuencia el uso de ese efectivo. En esta categoría entrarían el comercio, la hostelería, la restauración, la construcción, las reformas o recogida de frutas.
Esta guerra declarada contra los comportamientos defraudatorios vinculados al uso de efectivo también aparece reflejada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Unión Europea para la aplicación de los fondos destinados a luchar contra la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.
En el componente 27 del plan, el de 'Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal', señala que su limitación al uso de efectivo se pone como objetivo dar luz a la "trazabilidad de las operaciones" y evitar "comportamientos defraudatorios".
