
Han pasado casi tres meses desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden presentó su "Plan de Empleo Americano", una propuesta de gasto de 2,25 billones de dólares centrada en las infraestructuras y otras áreas de inversión pública.
Sin embargo, desde entonces, la Administración demócrata ha dado algún que otro bandazo en su hazaña por reclutar el apoyo de algunos republicanos. Finalmente, una veintena de senadores de ambos partidos sentaron la base para desgranar un acuerdo bipartidista del agrado del inquilino de la Casa Blanca.
El pasado jueves las negociaciones llegaron a buen puerto con ambas partes confirmando haber logrado un compromiso realmente descafeinado. Al fin y al cabo, el punto de entendimiento se encontró tomando las propuestas de infraestructura "física" incluidas en el plan original de Biden, que ascendían a aproximadamente a un billón de dólares en nuevos gastos, y reducirlas a la mitad.
De esta forma, el acuerdo incluye 559.000 millones de dólares en nuevo gasto a lo largo de cinco años con una factura total que asciende hasta las 973.000 millones de dólares durante el mismo periodo. Si tomamos como referencia el gasto a ocho años vista (para compararla directamente con la propuesta original de Biden) estamos hablando de un desembolso total de 1,2 billones de dólares.
Está previsto destinar 312.000 millones de dólares de gasto adicional al transporte, con 109.000 millones invertidos en carreteras, puentes y otros proyectos importantes; 66.000 millones en proyectos ferroviarios tanto de pasajeros como de mercancías; y 49.000 millones en transporte público.
El plan inyectará 266.000 millones de dólares a infraestructuras no relacionadas con el transporte, donde se incluyen 73.000 millones de dólares para energía, 65.000 millones para banda ancha y 55.000 millones para proyectos relacionados con el medioambiente y el agua.
Desde Wells Fargo Securities estiman que un acuerdo como el alcanzado la semana pasada añadiría aproximadamente 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB real de EEUU en 2022.
El gasto adicional se financiara a través de una mezcla de propuestas como el aumento de la financiación para que el IRS (la Agencia Tributaria de EEUU) mejore la aplicación de la ley y cobre los impuestos adeudados, la reasignación de los fondos no utilizados de los estímulos para hacer frente a la pandemia así como la inversión privada para las asociaciones público-privadas.
Para que avance en el Capitolio es vital que no incluya la subida fiscal para sociedades
Es fundamental para que el proyecto de ley avance en el Capitolio que no incluya los aumentos al impuesto de sociedades propuestos por el mandatario, que pretendía originalmente elevarlo desde el 21% actual al 28%
Un acuerdo bipartidista tiene ventajas políticas y de procedimiento que probablemente la Casa Blanca considere atractivas, pero esto no quiere decir que el acuerdo esté exento de dificultades.
Quizás la mayor preocupación de algunos demócratas es que este acuerdo haría que las otras partes del Plan de Empleo Americano así como el Plan de Familias Americanas, de 1,8 billones de dólares, tengan menos probabilidades de ser aprobados a través de la reconciliación presupuestaria.
En este momento, parece que la solución de los líderes demócratas es vincular el acuerdo bipartidista sobre infraestructuras a un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria que contenga el resto de las medidas originales de Biden. Es decir, si no hay proyecto de ley de reconciliación, no hay proyecto de ley bipartidista de infraestructuras.
El mayor problema potencial es que los demócratas, incluidos la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el propio presidente han indicado que sólo apoyarán el acuerdo bipartidista sobre infraestructuras si va acompañado de un paquete de conciliación que incluya gastos sociales y aumentos de impuestos. Si esto fuera realmente cierto, podríamos volver de nuevo a la casilla de salida.
El letargo veraniego y un techo de la deuda que volverá a causar estragos de nuevo a finales de este mes no facilitan las cosas. En estos momentos, dado que el proyecto de ley bipartidista no está ni siquiera redactado y el Senado se encuentra en un receso hasta el 4 de julio, su aprobación en la Cámara Alta puede retrasarse hasta septiembre como mínimo.
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