El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha dicho que la propuesta que estudia el Gobierno para el empleo público prohibirá la temporalidad por más de tres años y sancionará a las administraciones que contraten con fraude de ley. El dirigente socialistas también ha avanzado que ha avanzado que el Consejo de Ministros de la semana que viene o el de la siguiente verá la aprobación del decreto ley sobre el proceso de estabilización del empleo público.
Iceta ha respondido así en el Pleno del Congreso a una interpelación de la diputada de CC, Ana Oramas, del Grupo Mixto, sobre la solución que va a dar el Gobierno a la situación de "fraude de ley por abuso de temporalidad" de los empleados públicos tanto en Canarias como en el resto del Estado.
Oramas ha señalado que afecta a "cientos de miles de personas", que han sufrido "permanente fraude en sus contrataciones", y ha pedido al Ejecutivo que apruebe "un indulto ante un delito que han cometido las administraciones públicas" y asuma sus responsabilidades en defensa de unos derechos adquiridos.
Se ha preguntado qué problema hay para darles estabilidad hasta su jubilación, porque las oposiciones no son una salida para los que llevan décadas desarrollando su trabajo, y ha precisado que hay un millón de trabajadores públicos temporales, de los que 700.000 son mujeres, "de una edad en la que no volverán a encontrar trabajo".
El ministro ha indicado que ayer se celebró una Comisión de seguimiento sobre este asunto y mañana habrá una conferencia sectorial, en la que se presentará la propuesta del Gobierno, y que "en breve" un Consejo de Ministros verá el decreto ley sobre la temporalidad en las administraciones públicas.
Iceta ha anunciado que se va a prohibir la temporalidad por mas de tres años, lo que implicará la reforma del estatuto básico del empleado público, intentará dar estabilidad y compensar a los afectados, unos 800.000, y "castigará" a las administraciones públicas "que hayan demostrado desidia por haber contratado con fraude de ley".
Un problema de más de 30 años
El titular de Función Pública ha indicado que es un problema que arrastra de hace 30 años y que no se puede por ley hacer funcionario a una persona que no lo es, por lo que los que no superen las pruebas quedarán en una bolsa de trabajo de interinos.
Oramas ha insistido en hay que buscar una solución para los afectados, que no son las oposiciones, y ha preguntado si se respetarán los acuerdos a los que puedan llegar los gobiernos autonómicos con los sindicatos al margen de la negociación estatal.
Iceta ha manifestado que las pruebas serán unos concursos oposiciones especiales en los que va a contar la experiencia y que las comunidades autónomas y los entes locales "tendrán un margen", porque no se quiere perder "la experiencia y el talento de tanta gente".
