Madrid
España ya tiene el visto bueno de la Comisión Europea, que aprobó la pasada semana su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dicho plan contempla novedades en materia fiscal y mayores actuaciones por parte de una Agencia Tributaria a la que se pretende ampliar efectivos.
Según informa el anexo de la Comisión Europea en el que se detalla el 'sí' al plan español, el Gobierno tiene previsto realizar hasta 6.591 investigaciones durante 2021 para detectar actividades no declaradas. Esto supone un importante aumento respecto a las 5.743 de 2020 y uno de los pilares de la propuesta de modernización de la Agencia Tributaria.
Para lograr este mayor número de investigaciones, el Ejecutivo planea también aumentar los efectivos de Hacienda en al menos un millar, de 25.325 a 26.320 solo en 2021, con la intención de recuperar todavía más efectivos hasta 2023, fecha final de un proyecto que prevé adaptar el organismo "a la evolución de las políticas en materia tributaria, a las nuevas fuentes de información, a los cambios en el comportamiento de los contribuyentes y a la evolución tecnológica".
Otro de los grandes pilares del boceto es la aprobación de la ley de lucha contra el fraude fiscal, que en el documento se prevé aprobar en este mes de junio para su posterior entrada en vigor en junio de 2022. Esta ley, que ya ha ido superando los primeros trámites parlamentarios, incluye el límite de 1.000 euros a los pagos en efectivo para profesionales, la prohibición del software de doble uso, la actualización de la lista de paraísos fiscales, un valor de referencia como base imponible para los impuestos patrimoniales o cambios en el régimen de deudores a Hacienda, entre otros.
Todos estos cambios, reza el documento, persiguen "establecer parámetros de justicia tributaria y a facilitar acciones destinadas a prevenir y combatir el fraude mediante el refuerzo delcontrol tributario".
En paralelo, el Gobierno tiene previsto potenciar la atención al contribuyente fomentando el uso de plataformas electrónicas. En este sentido, promete la mejora del acceso a la gestión del Impuesto sobre Sociedades a más de 1,66 millones de contribuyentes y la de Renta Web a más de 1,77 millones a final de año.
La idea es que los contribuyentes se vayan decantando por los servicios electrónicos en lugar de las oficinas locales, y para ello prevé "la mejora de los métodos de comunicación, servicios de asistencia técnica y consulta de los datos de los usuarios y asistencia en relación con las declaraciones fiscales y su tramitación".
También para 2021, el Ejecutivo plantea el aumento de la cooperación internacional en la lucha contra el fraude fiscal, intentando optimizar y mejorar el acceso a la información de otros países para evitar el fraude y evasión fiscales, así como la economía sumergida y las actividades no declaradas.
Por último, también destaca la promesa de un modelo cooperativo en el que se mejore la relación de la Agencia Tributaria con autónomos, pymes, grandes empresas y asociaciones pertinentes "como medio para lograr un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias". En ese sentido, hace unas semanas el Gobierno firmó un convenio con ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) para liberar al colectivo de las trabas burocráticas.
