La pandemia de coronavirus ha acentuado la sensación de que el dinero en efectivo pertenece ya a otra época, pero lo cierto es que todavía existe un sector de la población que prioria tener el dinero (o parte de sus ahorros) en casa antes que en un banco. Y en algunos casos Hacienda puede investigar cuál es la procedencia de esos ahorros para asegurarse de que no exista fraude de ningún tipo.
El organismo tiene constancia de cualquier retirada o ingreso de dinero que implique la utilización de billetes de 500 euros, así como de cualquier ingreso en cuenta que sea superior a 3.000 euros. Son los bancos los que le comunican estas informaciones, que pueden quedarse simplemente registradas o ser el inicio de una investigación.
Esto dependerá de la propia Hacienda, que si no ve problemas dejará el asunto pasar. Solo si el organismo sospecha del origen de estos recursos que podemos tener 'guardados bajo el colchón' (con la posibilidad de devolverlos a la cuenta si así lo deseamos pasado un tiempo) se pueden iniciar las pesquisas.
Si esto llega a ocurrir, el contribuyente debe demostrar que la procedencia del dinero es lícita. La forma más sencilla y segura es hacerlo en la declaración de la Renta, clasificándolo según sea rendimiento del trabajo, de actividades económicas, de capital mobiliario o inmobiliario...
La tenencia de dinero en efectivo, si se hace de esta forma, es legal, no obliga a pagar impuestos especiales y, en definitiva, no representa problema alguno. Sucede lo contrario cuando el dinero que se usa para adquirir un bien o que se ingresa en una cuenta no se ha declarado previamente. En estos casos, hay que declararlo en la Renta como una ganancia patrimonial no justificada, pero hacer esto 'a posteriori' puede no ser suficiente para evitar una multa por parte de Hacienda por no haber declarado a tiempo esta cantidad, con el perjuicio para el organismo que supone.
Cerco al uso de efectivo
El seguimiento al uso del dinero en efectivo es uno de los campos de batalla de la lucha contra el fraude de Hacienda, que vincula el efectivo a la economía sumergida, de acuerdo con su Plan General de Control Tirbutario y Aduanero 2021.
En este plan se contempla la mayor vigilancia a los sectores en los que más se usa este dinero, lo que se complementa con el anteproyecto de ley (que aún debe aprobar el Senado tras el 'ok' del Congreso) en el que se limitaban los pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros para profesionales.
La intención del Gobierno es clara: estrechar el cerco a estas operaciones con el objetivo de ayudar a su "trazabilidad" y dificultar los "comportamientos defraudatorios", tal y como se explica en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Unión Europea.
