La semana que viene, la Comisión Europea presentará las primeras evaluaciones de los planes de recuperación con los que los países accederán a la ayuda europea frente a la pandemia, unos 800.000 millones de euros en total. Dos fuentes confirmaron a elEconomista que España estará entre los primeros que reciban el visto bueno, entre los 23 Estados miembros que han enviado sus borradores. Habrá más, como Portugal o Grecia, pero la elección de quién formará parte del primer bloque de elegidos, y la secuencia, es una decisión "muy política", explica una fuente comunitaria a este diario.
Además, otra fuente al tanto del proceso explica que la Comisión todavía está dando las últimas pinceladas a los planes con varios países, antes de remitirlos al Consejo (Estados miembros) para el aprobado final en julio, para que llegue ese mismo mes el esperado pago de las primeras transferencias. Serán unos 9.000 millones de euros en el caso de España, de los 70.000 millones a fondo perdido que nos tocan, y otros 70.000 millones en créditos que pediremos más adelante.
Pero antes de que empiece la cascada de aprobados a partir de la semana que viene (la Comisión quiere aprobar más de una decena de planes antes de que concluya junio), el Parlamento Europeo redobló la presión sobre la Comisión para asegurar que las propuestas de inversiones y reformas de las capitales cumplen todas las metas y requerimientos del fondo de recuperación. Es decir, que al menos un 37% de los fondos se dedican a la agenda 'verde' y al menos un 20% a la transformación digital, y que las reformas estructurales presentadas por los países abordan un grupo "significativo" de las recomendaciones nacionales que emite la Comisión anualmente a los países. En el caso español, Bruselas lleva años pidiendo mejorar nuestro mercado laboral y la sostenibilidad de las pensiones, entre otros puntos.
La resolución aprobada por la Eurocámara pide a la Comisión "que no haga concesiones políticas" a los Gobiernos, y que tome distancia al evaluar los documentos, dado que estuvo involucrada en la elaboración de los planes.
Los eurodiputados subrayan que el fondo representa un "instrumento histórico" para transformar la economía europea y reforzar la cohesión social tras la pandemia.
También insisten en que los planes tienen que incluir hitos, objetivos y estimaciones de costes que son "relevantes, claros, detallados y controlados adecuadamente". Este ha sido uno de los puntos más importantes para la Comisión también, dado que a través del cumplimiento de los hitos y objetivos, los países accederán a los desembolsos.
Además, la Eurocámara expresa su "preocupación" porque se corre el riesgo de que una "cantidad significativa" de los préstamos que ofrece el fondo, unos 360.000 millones de euros del total, se queden sin usar, lo que mermaría el impacto del estímulo europeo. Hasta ahora, tan solo siete países han solicitado utilizarlos, sumando unos 166.000 millones en total. Italia ha pedido usar la totalidad de los suyos, unos 122.600 millones. España ha dicho que pedirá los 70.000 millones que le corresponden a partir del próximo año.
La resolución también solicita a la Comisión que vigile el cumplimiento del Estado de Derecho, el fraude y la corrupción cuando los Gobiernos empleen los fondos. Y pide más recursos para el Tribunal de Cuentas europeo, la agencia anti-fraude OLAF y para la nueva oficina del fiscal europeo para combatir el mal empleo del fondo de la UE.
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