
El Gobierno central da este lunes un paso más en el cumplimiento del Estatuto de Gernika que implica completar las transferencias pendientes, unas competencias que están recogidas en un calendario con su fecha de negociación y trasmisión.
Ambos Ejecutivos sellan este lunes el traspaso de las tres prisiones vascas, así como del transporte por carretera, el edificio Distrito Marítimo de Ondarroa, ubicado en Guipúzcoa, y la gestión del código bibliográfico ISSN.
Cuando se anunció la fecha de esta Comisión Mixta de Transferencias, el pasado 16 de abril, se sugirió que podría añadirse alguna competencia más, caso de llegar a un acuerdo antes de la cita. Y es que el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) está en proceso de negociación avanzado y debería haberse materializado el 31 de octubre de 2020.
Integración con la RGI
Respecto a esta materia, existe un grupo de trabajo mixto que se ocupará de la integración de esta prestación con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vasca.
Esta competencia es un avance para lograr el régimen económico de la Seguridad Social
En cuanto al traspaso de instituciones penitenciarias, el Gobierno vasco asumirá una red completa de recursos materiales, entre ellos la cárceles de Zaballa (Álava), Martutene (Guipúzcoa) y Basauri (Vizcaya), que suman unos 1.300 reclusos y 700 empleados.
Sobre los trabajadores, funcionarios de prisiones y personal laboral, el Gobierno vasco los integrará en la Función Pública vasca y se hará cargo de sus retribuciones, y sus derechos adquiridos hasta el momento de la transferencia serán respetados.
La valoración económica de la transferencia asciende a 70 millones, cantidad que se descontará del Cupo y se trasladará a los Presupuestos para poder financiar el conjunto de funciones y servicios asumidos. El traspaso se hará efectivo a partir del próximo 1 de octubre.
El avance en el calendario fijado supone que cada vez está más cerca la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, una demanda histórica del PNV y que tiene prevista su llegada para el próximo 2022. Las negociaciones serán arduas, pero el Gobierno vasco confía en su materialización.
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