La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado este miércoles en el Congreso que su equipo está trabajando con el del titular de Transportes, José Luis Ábalos, para cerrar la ley de vivienda, que ya suma dos meses de retraso, cuanto antes. Sin embargo, de su posición se desprende que la norma sigue atascada en el mismo lugar: el límite al precio del alquiler.
Belarra ha insistido en que todo lo que no sea regular el precio del alquiler en la nueva ley incumplirá el acuerdo de coalición del PSOE y Unidas Podemos: "No contemplo que llevemos al Consejo de Ministros una ley que no cumpla con el acuerdo de Gobierno", ha añadido.
Ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, donde ha acudido para presentar las líneas generales de su departamento tras su nombramiento como ministra, Belarra ha recordado que el acuerdo de Gobierno es claro, por lo que espera poder aprobar la norma "lo más pronto posible": "El acuerdo es nítido en lo que respecta a la regulación de los precios del alquiler: hay que poner techo a las subidas abusivas y hay que delegar en las comunidades autónomas para poder llevar a cabo ese tipo de regulación", ha incidido.
Según ha señalado, su equipo y el del titular de Transportes, José Luis Ábalos, están trabajando para que la ley se apruebe "con carácter inminente", aunque no ha concretado plazo de aprobación.
Sin embargo, las divergencias parecen seguir siendo las mismas que se conocieron en enero y que se agravaron en febrero después de que Ábalos manifestara públicamente su negativa a establecer controles a estas rentas y se inclinara por la vía de los incentivos fiscales para los propietarios que no suban el alquiler u ofrezcan bajadas de precio. En concreto, el ministro propone bonificar el 90% en el IRPF a los arrendadores que rebajen el precio del alquiler un 10%.
Ni siquiera Pablo Iglesias pudo cumplir su pretensión de dejar la ley aprobada antes de dejar el Gobierno para centrarse en su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Más allá de la regulación del precio de los alquileres, Belarra ha recordado que la nueva regulación prohibirá de manera definitiva los desahucios sin alternativa habitacional (una medida aplicada de momento durante la crisis derivada de la pandemia) y generará "responsabilidades y obligaciones a los grandes propietarios, especialmente si tienen viviendas vacías". El de los grandes tenedores es otro de los puntos de choque entre las partes.
También incluirá una regulación al respecto de la "infravivienda", un "problema de primer nivel" que atañe a poblaciones como las de la Cañada Real, pero "también el chabolismo vertical en edificios", que es "mucho más invisible pero igualmente grave", ha señalado Belarra.
