Las conversaciones entre Unidas Podemos y PSOE sobre la futura ley de vivienda han avanzado este jueves en un acuerdo para extender a la nueva la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad actualmente recogida en el decreto antidesahucios activo hasta el final del estado de alarma.
Los dos equipos negociadores han constatado en el encuentro de hoy progresos de cara a un acuerdo que incluya el freno a los desahucios en términos similares al mecanismo utilizado para el estado de alarma, según han informado fuentes cercanas a Europa Press.
En concreto, se está acordando que los juzgados se vean obligados a solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales de los distintos territorios. Estos determinarán si existe una situación de vulnerabilidad y, en ese caso, las comunidades autónomas tendrán la obligación de ofrecer una alternativa habitacional "digna".
En uno de los último Consejo de Ministros de 2020 y no sin una ardua negociación, la coalición sacó adelante el decreto antidesahucios que suspendía los desalojos cuando los servicios sociales, a través de un informe vinculante, reconociera la situación de vulnerabilidad, que los tribunales debían solicitar de forma obligatoria en caso de que los afectados lo pidieran. Y además, establecía una compensación económica para los grandes tenedores de vivienda cuando pasaran tres meses sin que la administración ofrezca una alternativa habitacional al inquilino.
El consenso no se traslada a los alquileres
Sin embargo, la cuestión de la regulación del precio del alquiler sigue generando tensiones entre los dos socios de coalición y está en duda que pueda quedar aprobada en marzo. El PSOE insiste en su negativa a lo que considera un "intervencionismo general" del mercado mientras que la formación morada reprocha a los socialistas que sigan sin presentarle una propuesta para ejecutar este compromiso adquirido tanto en el acuerdo de gobierno como en el de Presupuestos.
Unidas Podemos ha mostrado su preocupación sobre el hecho de que su socio no haya compartido, "una vez más y tras dos meses de negociación", una propuesta en torno a la regulación del alquiler en las zonas tensionadas.
Desde Podemos recuerda, además, que el pasado martes el Gobierno incluyó, en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, un nuevo compromiso para regular los precios del alquiler.
