Los datos de la tercera ola del covid-19 continúan dando malas noticias en Europa. El consuelo tampoco termina de llegar con la estrategia de vacunación, ya sea por los problemas con AstraZeneca o el parón de Janssen. El despegue económico se retrasa. Europa necesita cuanto antes su megaestímulo de 800.000 millones de euros. No obstante, las primeras transferencias del fondo de recuperación (10.000 millones en el caso español) no aterrizarán en los cofres de los Gobiernos al menos hasta julio, si todo sale bien.
Por eso, algunos Estados miembros están presionando a la Comisión Europea para que reduzca el periodo de evaluación de los planes de inversiones y reformas, con los que accederán a su parte de la ayuda. Según el reglamento del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, la Comisión tiene dos meses para dar su veredicto sobre los planes de recuperación, y otro mes adicional el Consejo (que agrupa a los Estados miembros).
Sin embargo, dos fuentes diplomáticas de dos de los países más avanzados con los planes coinciden en que no tiene mucho sentido un periodo tan largo, cuando la Comisión ha estado discutiendo y negociando los borradores con algunos Gobiernos desde octubre, tanto a nivel político, entre ministros y comisarios, como entre los técnicos de las capitales y el Ejecutivo comunitario.
¿Por qué, tras todo este tiempo, la Comisión necesita dos meses?", se pregunta una fuente diplomática. La misma fuente comenta que algunos ministros presionarán este viernes a la Comisión para recortar los plazos, durante la videoconferencia informal que mantendrán los ministros de Finanzas de la UE. Uno de los puntos del Ecofin será precisamente pasar revista a la puesta en marcha del fondo de recuperación, que no para de acumular retrasos, obstáculos y desafíos con cada semana que pasa.
Hasta ahora, la Comisión no se ha mostrado muy abierta a considerar una reducción de su periodo de evaluación, coinciden fuentes comunitarias y diplomáticas. Si las capitales se estrellan por este frente en su intento por arañar algunas semanas, tampoco han tenido mucho éxito por otras vías al intentar acelerar la llegada de la ayuda.
España, Grecia, Portugal y Francia habían previsto enviar sus planes de recuperación en marzo, para así recortar un mes. Sin embargo, la discusión de algunos flecos importantes con la Comisión, como la precisión de los hitos que desbloquearán los fondos o la justificación y el control de los costes, ha ralentizado la finalización de los planes, hasta tal punto que ninguna capital aún ha enviado formalmente la versión definitiva.
Se espera que estos cuatro países sean los primeros que lo hagan, algunos ya la próxima semana, tal y como adelantó elEconomista, y confirman fuentes diplomáticas. Algunas fuentes añaden que París se ha quedado algo descolgada del grupo de cabeza.
De esta manera, los más avanzados remitirán sus documentos apenas unos días antes de la fecha límite de finales de abril, cuando llegará la gran mayoría de los planes a la Comisión.
El 30 de abril representa, no obstante, un punto de referencia flexible, recuerdan las fuentes diplomáticas y comunitarias, por lo que algunos países enviarán sus propuestas de inversiones y reformas más tarde de esta fecha. Holanda y Finlandia son algunos de los que ya han informado que no cumplirán este mes.
La incertidumbre de Bruselas es elevada respecto al visto bueno de Alemania y Polonia
No todo estará hecho tras el envío y evaluación de los planes. Los Estados miembros aun deben completar el proceso de ratificación del fondo, antes de que el dinero pueda fluir hacia las capitales. Hasta ahora, 17 Estados miembros han aprobado la decisión de Recursos Propios de la UE, que permite a la Comisión pedir prestados los 800.000 millones de euros del fondo.
Sin embargo, la incertidumbre es elevada respecto al visto bueno en Alemania y Polonia. En el primer caso, algunos temen que la decisión del Tribunal Constitucional alemán sobre el fondo se pueda retrasar incluso hasta después de las elecciones alemanas de septiembre, aunque en Bruselas se inclinan más por una respuesta en julio. En Polonia, la aprobación el fondo amenaza la estabilidad del Gobierno por el rechazo del socio minoritario.