Nueva York
La hoja de ruta tributaria del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para financiar su ambicioso plan de inversión en infraestructuras llegó acompañada de algunas sorpresas. Especialmente su enfoque a los beneficios de las grandes compañías tecnológicas. En estos menesteres, el demócrata propone un impuesto mínimo del 15% sobre el resultado consolidado de las empresas más rentables a este lado del Atlántico que generalmente registran suculentos beneficios para sus accionistas pero pagan pocos impuestos. El gravamen busca aglutinar así los beneficios obtenidos en todos los países del mundo para evitar la ocultación de beneficios en paraísos fiscales. El objetivo de Biden, que en realidad es similar a la legislación respaldada anteriormente por la senadora demócrata, Elizabeth Warren, es gravar a gigantes como Amazon. Según recalcó el Departamento del Tesoro esta semana, el impuesto mínimo del 15% "es un enfoque específico para garantizar que los evasores fiscales más agresivos se vean obligados a soportar obligaciones fiscales significativas".
Sin embargo, en la propuesta final presentada esta semana, este impuesto se aplicará sólo a las empresas con beneficios superiores a 2.000 millones de dólares, frente al umbral de 100 millones de dólares que Biden impulsó durante su campaña, un cambio muy significativo. Sólo 180 empresas alcanzarían el umbral de beneficios fijado y sólo 45 pagarían el impuesto, según las estimaciones de la propia Administración.
El proceso dará pie a piruetas contables. Según explica Bloomberg, para evaluar su responsabilidad, las empresas calcularían el impuesto del 15% sobre sus beneficios contables y su responsabilidad fiscal ordinaria. Compararían las dos cifras y pagarían la diferencia si el impuesto sobre los beneficios contables es mayor. Eso sí, las empresas recibirían un crédito por los impuestos pagados por encima del umbral mínimo del impuesto contable. Permitir esto disminuiría aún mas el impacto del impuesto mínimo, según aseguran desde el Centro de Política Fiscal Federal de la Tax Foundation.
Los expertos afirman que gravar los beneficios que las empresas declaran en sus estados financieros probablemente animará a las compañías a reducir sus beneficios, lo que dará lugar a una información menos útil para los inversores. Podría fomentar que las compañías realicen cambios en las normas de contabilidad financiera para que la diferencia entre los beneficios contables y los imponibles sea menor. Estas posibles consecuencias y los retos que plantea la aplicación de este tipo de impuesto son cuestiones que Biden tendrá que afrontar. La tramitación del plan en el Capitolio será complicada.
Casi 1.100 de las cotizadas estadounidenses alcanzarían el umbral de 100 millones de dólares planteado por Biden durante su carrera presidencial, según S&P Global Market Intelligence. Dicho esto, muchas de ellas tendrían que hacer frente a facturas fiscales mucho más elevadas por el resto de la agenda que aupa Biden, que también busca elevar el impuesto de sociedades desde el 21% al 28%, o impulsar en colaboración con los miembros de la OCDE la imposición de un impuesto mínimo global.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, atisba un impuesto mínimo global del 21% a los ingresos de las empresas estadounidenses en el extranjero y conseguir que otros países hagan lo mismo. Para incitar a otros países a adoptar estos niveles el nuevo plan incluye duros límites a las deducciones de las empresas con sede en el extranjero de los países que no los adopten.
Un 60% de los beneficios de las multinacionales están atribuidos a filiales en paraísos fiscales, según justificó el Tesoro. Washington también quiere considerar como una "empresa nacional" a todas aquellas extranjeras que controlen al menos un 51% de una con sede en EEUU, o que tengan su sede directamente allí y solo estén registradas fuera por motivos fiscales.
