Las elecciones autonómicas de este domingo se saldan con unos claros perdedores: los ciudadanos y las empresas catalanas. Todas las opciones con posibilidades de sumar los escaños suficientes para ocupar la Generalitat abogan en sus programas electorales por subir impuestos o crear nuevos, o ambas opciones.
Los únicos partidos que apostaban por una rebaja fiscal son los que no han sido decisivos: Ciudadanos, PP, Vox y PDeCat, mientras que el resto tienen el objetivo contrario pese a que Cataluña es la autonomía con mayor presión fiscal a las rentas altas y también a las más bajas.
El PSC ha dado mucha difusión a su propuesta de armonización fiscal en toda España para evitar una lucha fratricida entre autonomías, estipulando un suelo mínimo a pagar de cualquier impuesto, lo que supone en la práctica hacer pagar más impuestos a los madrileños. Pero sus planes no son mejores para los catalanes: defiende subidas de impuestas y la creación de nuevos. En el IRPF, quiere "grabar de forma más efectiva" las rentas más altas, tanto del trabajo como del capital, y en Sucesiones y Donaciones "una reducción significativa y selectiva" de los beneficios fiscales derivados de la normativa catalana para hacer subir la recaudación, e impulsar, junto con otros gobiernos y fuerzas políticas, un suelo común del impuesto para todas las comunidades autónomas "que se sitúe por encima de la media actual".
En el impuesto de Patrimonio, los socialistas también quieren gravar de manera más intensa los grandes patrimonios en Cataluña "como paso previo y transitorio" al establecimiento de un impuesto a la riqueza, y trabajar por una reforma coordinada del impuesto en toda España para impulsar la recaudación también en el resto de autonomías. Y el PSC también aboga por crear nuevos impuestos ambientales.
En cualquier caso, si los candidatos mantienen sus palabras tras estos comicios, el exministro de Sanidad, Salvador Illa no será el próximo presidente catalán, ya que ERC rechaza un pacto con los socialistas, descartando el tripartito que gobernó dos legislaturas en Cataluña antes del procés, y que En Comú Podem defiende reeditar.
De momento, todo apunta a que ERC y Junts volverán a sumar fuerzas, aunque previsiblemente deberán elegir entre el apoyo de En Comú Podem o el de la CUP. Sea cual sea la suma, todas pasan por más impuestos en Cataluña en línea similar a la del PSC, con énfasis en IRPF, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, así como en fiscalidad verde, si bien los partidos no concretan a qué tramos de renta quieren afectar.
En el caso de ERC y Junts, no mencionan los grandes impuestos -Sucesiones ya lo subieron en 2020 a cambio del apoyo de En Comú Podem a los Presupuestos de la Generalitat del año pasado-, pero sí anuncian nuevos tributos ambientales y a las grandes empresas de comercio electrónico, así como un mayor gravamen a los productos de lujo, en el caso de Junts, y sobre el sector del juego, en el caso de ERC.
Asimismo, tanto los republicanos como el nuevo partido impulsado por Carles Puigdemont dan un paso más en sus planes de preparación para la independencia. Si antes del 1-O hablaban de crear Estructuras de Estado, como la Hacienda Propia -que siguen reivindicando, por el momento, a través de conseguir la gestión del 100% de los Tributos por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña-, ahora ponen el foco en las empresas de servicios esenciales.
Aragonès y Borràs han afirmado en la campaña electoral que pretenden "expulsar" a las empresas del Ibex 35 de la contratación pública catalana para favorecer a las pymes locales. Ello contrasta con que muchas compañías del Ibex son catalanas, pero precisamente fueron de las que, en su gran mayoría, cambiaron su sede a otras autonomías para evitar la inseguridad jurídica del procés, y eso no ha sentado bien a los secesionistas. Además, se da el caso de que son empresas de servicios básicos, y los independentistas quieren impulsar compañías alternativas en estos ámbitos, tanto privadas como públicas, fieles en caso de ruptura.
Es por ello que en sus programas proponen incentivar el cooperativismo y otros modelos colaborativos para ámbitos como los de los servicios financieros y el energético, de manera que se conforme una red local resistente a una ruptura unilateral con el resto de España.
