España será uno de los países de la Unión Europea peor parados en la crisis del Covid, no solo por las previsiones de caída del PIB, también por el impacto que la pandemia tendrá en el tejido empresarial y que se estima en unos 155.000 millones de euros, según las previsiones del informe elaborado por la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME) junto a PWC.
Esto supone que nuestro país cargará con el 15,5% del daño que la COVID-19 generará en el tejido empresarial de la UE 27 y que se calcula alcanzará el billón de euros. Este porcentaje está cinco puntos por encima del peso que tiene la fuerza laboral española dentro del total de la Unión Europea, ya que al cierre del tercer trimestre era del 9,83%, según los datos de Eurostat.
El impacto de Covid afectará fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 98% del tejido empresarial español, "aunque no es posible cuantificar en más detalle la necesidad de capital en España, una vez descontados los programas de ayuda públicos y privados aprobados, al estar pendiente en estos momentos el reparto de relevantes programas públicos", explica el Informe sobre la Recapitalización de las empresas en la UE después de la COVID-19.
Según este estudio, Europa necesita aproximadamente un billón de euros de capital para afrontar la salida de la crisis y sólo disponemos de capital e híbridos del sector público y privado en toda la UE de entre 400.000 y 550.000 millones de euros en los próximos dos años. Por lo tanto, "necesitará acceder a entre 450.000 y 600.000 millones de euros para evitar un aumento muy perjudicial del apalancamiento y la flexibilidad operativa del sector empresarial europeo en general".
Hasta la fecha, la deuda ha proporcionado en gran medida el "rescate", pero "se necesita una recapitalización de capital para acelerar la recuperación", explica el informe, que tras entrevistar a las Pymes, concluye que "los instrumentos híbridos de capital o de deuda son ideales para atender sus necesidades".
Con más de 72.000 millones de euros de deuda subordinada corporativa y aproximadamente 77.000 millones de euros de otros instrumentos híbridos emitidos entre 2016 y 2019, la UE27 ya cuenta con una serie de instrumentos del sector privado "poco reconocidos que podrían utilizarse para ayudar a sacar de la crisis a las empresas de la UE que no cotizan en bolsa", ya que apunta que probablemente, estas "tengan una mayor necesidad de recapitalización".
La Comisión Europea estima que el daño al capital social de las empresas de la UE (por las pérdidas sufridas) es del orden de 0,7 a 1,2 billones de euros en 2020 y 2021. Si bien, PwC prevé que, dentro del rango de la CE, las pérdidas totales pueden estar más cerca de los 936.000 millones y apuntan que esta cifra probablemente aumentará a medida que persista la crisis.
El peor escenario
"En el peor de los casos, alrededor del 10% de todas las empresas se volverían ilíquidas en seis meses", advierte el estudio, que asegura que las empresas entrevistadas reconocieron que las condiciones comerciales probablemente se vuelvan mucho más difíciles a medida que los planes de apoyo del gobierno disminuyan.
"Las malas perspectivas económicas ejercerán una presión significativa en las necesidades de efectivo y capital de trabajo de las empresas. Esto sugiere que estas presiones financieras bien podrían materializarse en la primera mitad de 2021, y se espera que las insolvencias aumenten durante este período", destacan.
Soluciones para apoyar la recapitalización de las empresas
"Hay una importante oportunidad para que los encargados de la formulación de políticas trabajen juntos en la búsqueda de soluciones con el sector privado a nivel nacional y de la UE para abordar las necesidades de recapitalización de las empresas", advierte el informe.
Así, AFME recomienda cuatro opciones viables que pueden desplegarse en paralelo. Por un lado, un nuevo instrumento híbrido de recuperación a nivel de la UE, similar al de los valores de renta variable, para atender a las empresas de mediana capitalización y las PYMES que no tienen acceso a los mercados de capital, y que puede distribuirse a través de nuevos programas o de las redes de distribución de los intermediarios de Europa.
"Este instrumento podría diseñarse a nivel de la UE y podría quedar exento de las restricciones a la ayuda estatal, lo que mejoraría su rapidez y eficacia. Lo ideal sería que este instrumento se estructurara de modo que sea compatible con objetivos de inversión social o una acción preferente para atraer el máximo interés de los inversores", concreta.
Por otro, la ampliación de los actuales planes de apoyo a la recuperación en toda la UE, como el FEI FEAG, adaptados a las necesidades de las PYMES, en particular las empresas más pequeñas.
También apuesta por un aumento de la utilización de los instrumentos híbridos similares al capital social ya existentes en algunas partes de Europa para las empresas de mediana capitalización y las PYMES.
Por último recomienda flexibilidad en el uso de instrumentos y procesos innovadores, como la doble clase de acciones para abordar las preocupaciones de control de las empresas, o los canjes de deuda por capital social para abordar el sobreendeudamiento.
"En los casos en que las normas o prácticas nacionales impiden actualmente las acciones de doble clase, se podrían permitir con una duración limitada y cláusulas de extinción para alentar a más empresas familiares a tratar de cotizar en los mercados públicos", señala.
Entre los 14 Estados miembros de la Unión Europea analizados en profundidad en un estudio reciente de Oxera/Comisión Europea, 5.000 empresas familiares de más de 50 millones de euros siguen sin cotizar en bolsa, lo que podría ser una fuente importante de nuevas cotizaciones. "Además, las empresas también pueden considerar la posibilidad de realizar canjes de deuda por acciones, en los que una empresa puede recomprar bonos a cambio de acciones a ratios comerciales típicamente ventajosos", destaca AFME.
