La reforma de las pensiones avanza. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado ya su propuesta para negociar con los agentes sociales, en la que estaría incluida una subida de un 4% de la pensión por cada año completo cotizado más allá de la edad ordinaria de jubilación. Ahora el incentivo por seguir trabajando es de un 2% para los que tengan 25 años cotizados, del 2,75% con hasta 37 años y de un 4% con 37 años en adelante.
También plantearía la posibilidad de recibir una cantidad concreta por cada año cotizado a contar desde la fecha en la que se produjo la edad de jubilación hasta el retiro efectivo. La combinación entre ambas fórmulas no estaría destacada, de tal manera que el trabajador recibiría dos tercios de la cantidad a "tanto alzado" más un incremento de la prestación del 1,5%.
Según informan algunos medios a partir del documento entregado a patronal y sindicatos, el Gobierno ha puesto negro sobre blanco su intención de incentivar a las personas que decidan jubilarse más tarde y de endurecer el acceso a la jubilación anticipada y a la parcial. Para esto último, la Seguridad Social habría planteado dos puntos determinantes.
Por un lado, modificar los coeficientes penalizadores que se aplican cuando un trabajador decide voluntariamente abandonar el mercado laboral antes de tiempo. Y por otro, reducir la cuantía si el trabajador tenía derecho a la pensión máxima.
Poco a poco se van conociendo los detalles, pero el grueso no es nuevo. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha mostrado desde su llegada al Gobierno su intención de acercar lo máximo posible la edad de jubilación efectiva a la edad de jubilación legal. En España la edad efectiva de jubilación apenas supera los 62 años, mientras que la edad legal está en los 65 años y llegará a los 67 años en 2027.
La propuesta de Escrivá también recoge los límites a las jubilaciones forzosas. La intención es prohibir que las empresas establezcan en los convenios colectivos cláusulas que obliguen al trabajador a jubilarse una vez que haya cumplido la edad legal para hacerlo.
De lo que aún no se sabe nada es de la pretensión del Gobierno de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 35 años para los nuevos jubilados. Una idea que recientemente volvió ha sacar a la luz la ministra de Economía, Nadia Calviño, y que aludía también a la posibilidad de descartar los años de cotización más negativos.
Este año se toman en cuenta los últimos 23 años de cotización para calcular la pensión, mientras que en 2021 serán 24 años y en 2022 se irá a 25 años. Esta voluntad de la parte socialista del Gobierno ya ha sido rechazada de manera contundente por Podemos y los sindicatos.
