El Gobierno prohibirá por ley los cortes de suministro de agua, electricidad y gas a personas vulnerables, incluso aunque estas no sean beneficiarias del bono social, previa evaluación por parte de los servicios sociales.
Según ha precisado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, pretende trasladar dentro de alguno de los decretos ley que se están tramitando, una disposición adicional que garantiza que ningún consumidor vulnerable va a tener problemas con el corte de suministro".
Tal y como ha explicado Montero, las personas que se beneficiarán de esta prohibición del corte de suministro son los consumidores reconocidos como vulnerables por los servicios sociales, "incluidos aquellos que no están acogidos al bono social".
Pugna Iglesias-Ribera
A falta de conocer las condiciones, entre ellas la duración de la medida, el tira y afloja entre el vicepresidente Pablo Iglesias y Ribera ha marcado esta cuestión. Y es que Unidas Podemos solicitó al Ministerio de Transición Ecológica impedir durante el estado de alarma, que las empresas puedan cortar los suministros de agua, luz y gas a aquellas familias que acrediten estar en una situación de vulnerabilidad con un informe de Servicios Sociales. Una reivindicación que finalmente habría salido adelante tras la "negativa reiterada" de Ribera, según fuentes de Podemos recogidas por Efe.
De entrar en vigor, las empresas suministradoras de electricidad, gas y agua deberán solicitar a Servicios Sociales un informe para comprobar, antes de proceder al corte, si la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Unidas Podemos no consiguió que el decreto antidesahucios que pactó con el PSOE incluyese la prohibición del corte de suministros y se abrió entonces el diálogo entre el Ministerio de Transición Ecológica y la vicepresidencia social de Pablo Iglesias.
En esas negociaciones, el ministerio de Ribera propuso ampliar de cuatro a seis meses el periodo mínimo de aviso de la compañía al domicilio hasta que se produce el corte de luz, agua o gas, según fuentes del Ministerio.
