Tras tres semanas de vetos, postureo político, amenazas e incluso la posibilidad de quedar excluidos del estímulo europeo, Hungría y Polonia aceptan levantar su veto al mega paquete presupuestario de la UE, incluido el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. A cambio, han conseguido rascar algunas concesiones respecto el mecanismo del Estado de derecho, que este jueves tendrán que validar los líderes durante la cumbre europea.
Alemania, al frente de los Estados miembros este semestre, negoció con ambos países una declaración interpretativa para añadir al mecanismo, la gran preocupación para Budapest y Varsovia, ambos con procedimientos de infracción comunitarios por violar la independencia de la Justicia.
Este mecanismo del Estado de derecho permitirá suspender la entrega de fondos comunitarios en casos de corrupción, conflicto de intereses, pero también cuando se erosione la independencia judicial.
Los primeros ministros de Hungría y Polonia, Viktor Orban y Mateusz Morawiecki, consideran que la nueva herramienta representa una intromisión en su soberanía nacional, y temen que se pueda utilizar para presionar a ambas capitales en otros asuntos en los que son la nota discordante entre los 27, como la acogida de refugiados o los derechos de la comunidad LGTBI.
La declaración también incluye el compromiso de que la CE no active ningún procedimiento para congelar los fondos de húngaros y polacos hasta que el Tribunal de Justicia no se pronuncie sobre el mecanismo
La declaración interpretativa mantiene intacto el mecanismo, pero aclara que no se utilizará arbitrariamente. También incluye una referencia al llamado "freno de emergencia", por el que un país podrá elevar al nivel de jefes de Estado una discrepancia con la activación en su contra de un procedimiento sancionador, aunque no se requerirá la unanimidad para activarlo.
La declaración no obstante también incluye el compromiso de que la Comisión Europea no active ningún procedimiento para congelar los fondos de húngaros y polacos, o cualquier otro país, hasta que el Tribunal de Justicia de la UE no se pronuncie sobre el mecanismo, ya que Budapest y Varsovia tienen intención de cuestionar su legalidad ante los jueces europeos. La sentencia se podría retrasar más de un año, o incluso podría no llegar hasta que se celebren las próximas elecciones húngaras. Orban volvería así a demostrar su maestría en manejar los tiempos, como ya ha hecho en sus constantes disputas con Bruselas durante la década que lleva en el poder.
Desde el Gobierno español comentaron que no les parecía mal que la Justicia europea valide el mecanismo, una posición que aseguraban compartir con la mayoría de países, aunque ello implique retrasar su puesta en marcha.
El compromiso negociado por Alemania con húngaros y polacos fue compartido el miércoles por la tarde con el resto de embajadores de los 27, quienes analizaron el texto "ampliamente" con el apoyo de los servicios legales del Consejo, según ha comentado una fuente diplomática.
Fuentes diplomáticas de uno de los países que más ha peleado por la condicionalidad del Estado de derecho indicó que ningún país dio su apoyo al texto de compromiso durante la discusión de los embajadores, ya que debían informar a sus capitales. Pero las mismas fuentes comentaron que una mayoría de países valoraron el esfuerzo de la presidencia alemana, y consideraron que el texto merece la pena ser estudiado, "y eso es bueno".
Si los líderes dan su visto bueno al compromiso este jueves, se podrían activar esta misma semana los trámites para continuar con el proceso de aprobación del fondo de recuperación –que llegará en verano– y el presupuesto plurianual de la UE, en total 1,8 billones de euros para los próximos siete años.
