Madrid
Encabezado con, 'Querida ministra', el consejero de Hacienda y Función Pública del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, envió este miércoles una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde advierte que el Ejecutivo regional se opondrá a la imposición de subidas de impuestos "por todas las vías políticas y jurídicas" a su alcance, incluido el Tribunal Constitucional. La carta ha sido la antesala del encuentro que este miércoles a las seis tenían los distintos consejeros de Hacienda del PP, con Teodoro García Egea y Elvira Rodríguez, para abordar la armonización fiscal como quiere Pedro Sánchez.
Deslealtad institucional
En dicha misiva, a la que ha tenido acceso a elEconomista, fechada el lunes 30 de noviembre, el consejero traslada su "profundo malestar por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la Nación y el Grupo Parlamentario de ERC para crear una 'comisión bilateral', con el expreso objetivo de invadir deslealmente la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid". El titular de Hacienda considera que esto "no solo es un desprecio flagrante hacia los madrileños, sino que no tiene precedentes ni, desde luego, cabida en el orden constitucional". En ese sentido, le alerta de que de que, "si avanzan por esa vía, presentaríamos un requerimiento de incompetencia y, en última instancia, plantearíamos un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional, en base al artículo 161.1 c) de la Constitución y el artículo 60 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional". "No podemos admitir que los impuestos de los madrileños se decidan en otro lugar que no sea la Asamblea de Madrid", subrayó.
Lasquetty subraya en que "es evidente que el objetivo definido por ustedes va en contra de lo dispuesto en el marco jurídico vigente, tanto en la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de Comunidades Autónomas, la Ley 22/2009, por la que se regula el Sistema de Financiación Autonómica y se determina la cesión a las Comunidades Autónomas de las facultades normativas en los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, así como en la Ley 29/2010, de cesión de tributos a la CAM". Así, avisa en que lo que se ha declarado "públicamente constituiría una inaceptable e inconstitucional abolición de la capacidad normativa de Madrid para desarrollar la política fiscal que considera más conveniente y beneficiosa para los intereses de los madrileños".
