Apoyado en la enmienda que Esquerra Republicana ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado, y donde exige que se grave el impuesto de Patrimonio a aquellas comunidades donde está bonificado -véase Madrid-, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado ya luz verde para trabajar en este sentido y armonizar, no solo el impuesto de Patrimonio, sino también el resto de tributos autonómicos, como son Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En primera instancia, la articulación del plan será la creación de un comité de expertos donde se debatirá la fiscalidad española.
Pero para ejecutar ese viejo proyecto socialista, que lleva reivindicando desde hace años, con el argumento de la lucha contra el dumping fiscal, el Gobierno progresista necesitará modificar al menos dos leyes orgánicas, entre ellas, la Lofca, Ley Orgánica de Financiación Autonómica, una circunstancia nada fácil, pues requiere dos tercios de la cámara (233 votos a favor), máxime cuando la Comunidad de Madrid está decidida a acudir a las instancias judiciales, entre ellas, al Tribunal Constitucional, para defender su autonomía fiscal como subrayaron también los presidentes de Murcia, Andalucía, Galicia y Castilla y León, pidiendo la armonización a la baja.
El presidente del Gobierno aprovechó una rueda de prensa este miércoles para justificar que el Estado establezca una cuota de mínimos y recaude el impuesto de Patrimonio que los madrileños no tienen que pagar, pues en esta comunidad está bonificado al 100%.
Pero no era la primera vez que el presidente defendía uno de las exigencias del acuerdo de ERC por el que el Gobierno recibirá el apoyo de los independentistas catalanes a sus Presupuestos Generales. El 30 de enero de 2019, Sánchez afirmó que "los grandes patrimonios se vienen a Madrid porque saben que no tributan por Sucesiones y se acaba así con fuentes de oportunidad en otros territorios". Más recientemente, el 5 de noviembre de este año, el jefe del Ejecutivo dijo que le "parece fundamental que renovemos después de la pandemia nuestro sistema fiscal".
En mayo, el Gobierno advertía de que haría "una propuesta de armonización de los impuestos cedidos a las CCAA"
El 20 de febrero de este año, apenas unos días atrás, la ministra María Jesús Montero manifestaba que "el Gobierno propondrá armonizar los impuestos cedidos a las CCAA". Por lo que, "es razonable y conveniente una armonización fiscal al igual que ocurre en la UE".
En mayo de 2020, la ministra de Hacienda añadió que desde su Gobierno se hará "una propuesta de armonización de los impuestos cedidos a las CCAA". Y, "esta propuesta -señaló- formará parte del plan del Gobierno de reforma del modelo de financiación tanto autonómica como local a la mayor brevedad posible".
En esta sintonía están los presidentes Ximo Puig, Adrián Barbón, Emiliano García-Page y Javier Lambán. Y también Adriana Lastra, portavoz del Grupo Socialista, quien dijo: "No se defiende la unidad de España intentando convertir la política fiscal en una subasta. Hay que legislar para que haya una armonización fiscal de ciertos impuestos y acabar así con esa diferencia entre territorios y ciudadanos".
5.990 millones de euros
El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, denunció este jueves la armonización fiscal que pretende "imponer" el Ejecutivo central, y detalló que esa armonización supondría un coste de 5.900 millones de euros a los contribuyentes madrileños, concretamente 780 millones por IRPF; 1.100 millones en Patrimonio; 3.332 millones en Sucesiones y Donaciones, y 692 millones en Transmisiones y AJD.
