Madrid
El Gobierno dio un nuevo giro en la gestión de la pandemia del coronavirus al traspasar a las comunidades autónomas, como autoridades delegadas suyas durante el estado de alarma, la posibilidad de levantar el toque de queda, previa comunicación al Ministerio de Sanidad, cuando consideren que se dan los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad precisos para adoptar la medida.
Así lo aprobó este martes el Consejo de Ministros en una norma que mantiene sin cambios la vigencia de seis meses, a pesar de las peticiones que ha recibido por parte de la oposición, incluso de la mayoría de sus previsibles apoyos, que abogan por acortar este periodo.
Así, por lo tanto, si se aprueba el real decreto de prórroga del estado de alarma, que está previsto que se debata y vote el próximo día 9 de noviembre de 2020, el confinamiento nocturno dejará de ser obligatorio para todas las comunidades autónomas. En el texto se introduce una limitación de al menos una semana de mantenimiento del toque de queda en sus territorios.
La otra sorpresa del día la dio Pedro Sánchez cuando se supo que no defenderá la prórroga del nuevo estado de alarma y ha delegado esta tarea en el ministro de Sanidad, Salvador Illa. La excusa es que tiene que intervenir en una cumbre europea, que se celebra por videoconferencia a partir de las 18,30 horas.
Mientras, la oposición y los grupos de apoyo al Gobierno buscaban fórmulas para garantizar que el Congreso pueda intervenir en la gestión del estado de alarma, de manera que la prórroga de seis meses que ha solicitado no suponga una desaparición de los controles para el presidente del Gobierno, hasta el próximo mes de mayo.
La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, solicitó este martes a Sánchez que "escuche al PP y atienda la propuesta sensata y estudiada que Pablo Casado ha puesto encima de la mesa para limitar el estado de alarma a ocho semanas y aprobar ya un marco legal en el Congreso". Pastor advertía a Sánchez de que "no puede avasallar y pasar la apisonadora, sino que ha de estar sometido al Parlamento".
En defensa de la actuación del Gobierno, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, consideró que la prórroga de seis meses es un "paraguas normativo que permitirá a las comunidades autónomas tomar medidas contra la pandemia", y también manifestó en rueda de prensa, que "no veo necesario aumentar el control parlamentario al Gobierno sobre su aplicación, pues actualmente los parámetros de rendición de cuenta son más que suficientes".
División entre los grupos
Entre los partidos que han mostrado su voluntad de apoyar la prórroga de seis meses, el PNV reclamaba comparecencias de Sánchez en el Congreso, mientras que Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, consideraba que sería conveniente recortar el plazo.
Otros grupos, como ERC, demandan que se vote en la Cámara si se prorroga o no el estado de alarma cada cierto tiempo. Y otros como Compromís o Bildu reclaman control periódico. Junts y Más País, por su parte, han definido ese periodo de comparecencias en mensual.
Los grupos deberán defender el jueves estas iniciativas como enmiendas al real decreto.
Comienzan los cierres perimetrales
Buena parte de España se encamina al cierre perimetral de cara al puente de Todos los Santos. Andalucía, Madrid y Castilla y León, gobernadas por el PP, estudian la medida, que ya se encuentra actualmente en vigor en Navarra, La Rioja, Aragón, Asturias y País Vasco. Otras comunidades como Extremadura o la Comunidad Valenciana están a la expectativa de ver cual es la tendencia de la pandemia para, si empeora, decretar el cierre perimetral. En el caso de Castilla- La Mancha, se ha decidido mantener el toque de queda, por ahora.
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