El Ministerio de Consumo busca desarrollar la figura del consumidor vulnerable para aumentar el acceso universal a los derechos básicos de quienes más dificultades tienen y ha abierto a consulta pública la modificación de la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) para ampliar el reconocimiento de la vulnerabilidad en las relaciones de consumo para los colectivos con dificultades.
Se trata arte de la segunda reforma a la actual ley anunciada por el Ministerio de Consumo, que hace una semana avanzó la prohibición de las líneas 902 para los servicios de atención al cliente.
Según ha anunciado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante su intervención en un acto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la modificación se hará sobre el artículo 3 de la LGDCU para incluir una definición de persona consumidora vulnerable que suponga un marco general para atajar reglamentariamente situaciones concretas de vulnerabilidad.
Mejorar el concepto y expandir su campo
Consumo ha abierto un periodo de consulta pública para que sociedad civil y las asociaciones en defensa de los derechos de consumidores hagan sus aportaciones sobre la mejora de la figura del consumidor vulnerable.
Actualmente existe en el marco legislativo estatal y autonómico con carácter parcial para proteger a determinados sectores en el acceso a servicios básicos. En concreto, la normativa estatal alude a colectivos especialmente vulnerables en el ámbito de la cooperación institucional, pero no abunda en este término. Y en el ámbito autonómico, la figura de consumidor vulnerable varía según la comunidad tanto por su denominación como por los grupos de protección a los que alude.
Además, el Ministerio recuerda que solo los sectores económicos eléctrico y energético y el financiero consideran las características sociales, el poder adquisitivo y la vulnerabilidad social como criterio en sus relaciones.
Es "imprescindible para avanzar en la justicia social"
En este contexto, el Ministerio de Consumo trabaja junto a otros ministerios en "crear un marco regulatorio común para sectores como la vivienda, las telecomunicaciones o la alimentación" para poder obligar a los poderes públicos a "garantizar la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales de todas las personas".
Según ha explicado Garzón, el desarrollo de la figura de la persona consumidora vulnerable es "imprescindible para avanzar en la justicia social", especialmente en una crisis sanitaria como la provocada por el covid-19: "Todos somos susceptibles de ser consumidores vulnerables en algún momento de nuestras vidas", ha insistido el ministro durante el acto de presentación de la nueva versión del comparador de ofertas de gas y de electricidad. El objetivo de esta herramienta es facilitar a los consumidores la tarea de elegir la opción que mejor se adapta a sus necesidades.