Madrid
En la misma semana que retoma el curso político con la búsqueda de apoyos a los Presupuestos como prioridad, el Gobierno de Pedro Sánchez, comienza a aflojar posiciones en la negociación del teletrabajo tras haber suavizado, al menos en el discurso, su postura sobre la prórroga de los Ertes. El presidente inició la semana con un acto en el que se rodeó de la gran empresa y los agentes sociales justo antes de reiniciarse el Diálogo Social y abordar los contactos con los grupos para rubricar unas nuevas Cuentas para 2021. En este contexto, el Ministerio de Trabajo dio este martes un claro paso en favor de un acuerdo en la negociación sobre teletrabajo: no bastará con trabajar a distancia un día a la semana para que la empresa asuma los gastos. En Ertes hay que esperar a ver cuál es la postura que presenta el Gobierno a los líderes de las patronales y sindicatos este viernes en Palma de Mallorca, pero las sensaciones son buenas como mostró el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en un encuentro con los medios.
A la misma hora que Álvarez decía esto se reunía la mesa de diálogo que está negociando el teletrabajo. Y, según apuntaron los negociadores a elEconomista, el pacto está "casi" listo. Trabajo ha optado por dar una de cal y otra de arena: por un lado, trabajar un solo día a la semana (el 20% de la jornada laboral) no será suficiente para que se considere teletrabajo y, por tanto, las empresas no tendrán que abonar los costes. Por otro, también ha optado por reducir el periodo transitorio para que se adapten las empresas que actualmente cuentan con teletrabajo.
Según fuentes de UGT, el Gobierno tiene prisa por aprobar el anteproyecto. De hecho, Trabajo se ha comprometido a enviar el nuevo texto recogiendo estos cambios antes del viernes, previsiblemente para que pueda ser discutido con los líderes de las cuatro organizaciones de la negociación (CEOE, Cepyme, CCOO y UGT) en la cumbre de Palma y a la que asistirán la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá Si se cierra un acuerdo el viernes -los negociadores sólo darán el visto bueno cuando hayan visto el nuevo texto en su conjunto-, podría llevarse al Consejo de Ministros del próximo martes.
Cede así a los dos flecos más gruesos que estaban estorbando el consenso. Los empresarios venían insistiendo en que, al menos, el trabajador pase más de un día en casa haciendo sus funciones para que se considere trabajo a distancia regular. El borrador determina que con el 20% de la jornada, un día, ya era suficiente para que se considerase trabajo online. Trabajo dijo en la reunión que aceptaría subir al 30%.
La petición de las patronales CEOE y Cepyme se basa en que ya hay muchas empresas en las que su plantilla puede teletrabajar desde casa los viernes. Ello implicaría que las empresas en esta situación se verían de facto afectadas por la nueva regulación y tendrían que cumplir con el abono de los costes. Pero si Trabajo ha dado a las patronales el aumento de la jornada, a los sindicatos la rebaja del periodo transitorio de tres años a un año y medio según UGT. Desde CCOO reconocen que han solicitado que el periodo sea de un año.
Personal laboral
En lo que no ha cedido Trabajo es en su pretensión de excluir al medio millón de trabajadores laborales de las administraciones públicas de esta norma. Desde el principio quedó establecido que este personal tendrá una regulación propia. De hecho, en los próximos días, el Ministerio de la Función Pública debería abrir una mesa de negociación.
Pero frente a los funcionarios, los laborales se rigen por el Estatuto de los Trabajadores (ET) como los asalariados del sector privado. Por tanto, deberían estar amparados por el anteproyecto de ley del trabajo a distancia que se deriva del ET. Pero el Gobierno decidió en el último borrador, el que se ha negociado este martes, matizar que mientras no haya una normativa propia para los empleados de la Función Pública, los laborales se quedarán al margen de la nueva ley de teletrabajo.
Lo que ha causado malestar tanto en la patronal como en los sindicatos. Tanto CCOO como UGT señalan que se trata de una exclusión que no se justifica, pero desde este último van más lejos y proponen que el personal laboral sea amparado por la nueva ley de teletrabajo hasta que se pacte un nuevo texto específico para la Función Pública.
La oposición de CEOE a la exclusión de los laborales de la futura ley del teletrabajo -ahora en negociación- radica en que consideran una "injusticia" que se obligue a las empresas a correr con los gastos del teletrabajo, entre otras actuaciones que se les exige, y, sin embargo, no se haga en el sector público.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, declaró este martes que el "propio Pedro Sánchez" va a tener que explica cómo es posible que exija condiciones más duras a las empresas que a las Administraciones públicas. Especialmente grave en opinión de Álvarez "cuando las Administraciones deben dar ejemplo".
