Madrid
Mañana martes, la mesa de Diálogo Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social se reúne para negociar un nuevo borrador del Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia, el quinto que se debate hasta ahora. La ministra Yolanda Díaz ha mostrado la urgencia, demasiada en opinión de los negociadores, por alcanzar un acuerdo con empresarios y sindicatos que allane el camino de la nueva regulación en el trámite parlamentario.
Sin embargo, en el ámbito de la Administración Pública, donde también se ha planteado la regulación del trabajo a distancia o teletrabajo, todavía no se ha manejado ni un borrador o papel con las líneas básicas del teletrabajo; tampoco se ha abierto una mesa específica y, por tanto, no ha habido ni una reunión de intercambio de opiniones.
Sin fecha de reunión
El pasado 2 de julio, la Comisión de Seguimiento de los acuerdos firmados entre los dirigentes sindicales de la Administración Pública y el Gobierno de Mariano Rajoy se reunía para abordar una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Uno de los puntos estrella es la futura regla que regirá el trabajo a distancia en todos los ámbitos de la Administración. Aunque han mantenido reuniones, desde el ministerio se han limitado a decir que estaban trabajando en un borrador, según fuentes sindicales. "Se comprometieron a abrir la negociación a primeros de septiembre", aclara Miriam Pinillos, responsable de Administraciones Públicas de CCOO. Pero confirma que de momento no hay una fecha para la reunión, aunque confía en que se producirá en los próximos días.
Carlos Álvarez, el secretario de Administración General del Estado (AGE) de la Federación de Servicios Públicos de UGT, expresa la situación de la negociación del teletrabajo con una frase descriptiva: "Lento sería decir algo. No ha empezado. Quedaron en que nos llamarían en julio y todavía no tenemos noticias".
Según matiza Pinillos, desde el Ministerio de Función Pública les han explicado que están consultando a las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Fuentes del Ministerio que dirige Carolina Darias explican que la Conferencia Sectorial de Administración Pública, donde están representadas además de la AGE todas las comunidades y la FEMP, está consensuando una reforma del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público que regule de forma básica la figura del teletrabajo de forma común a todas las administraciones, las cuales podrán luego desarrollar sus peculiaridades por medio de su normativa de desarrollo.
Desde el ministerio niegan que se hayan producido retrasos en la negociación, pues el 2 de julio, en la primera de las reuniones de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, se "analizaron las propuestas de reforma del texto Refundido del EBEP tendentes a impulsar el teletrabajo y a reducir la temporalidad". Tanto UGT como CCOO coinciden en que el ministerio todavía no ha presentado ninguna "propuesta".
Carlos Álvarez muestra también su malestar por el resultado de los acuerdos del 4 de mayo y 17 de junio que el Ministerio firmó con los sindicatos UGT, CCOO, Csif y CIG (del último se descolgó Comisiones). Estos acuerdos establecían las normas para la vuelta de los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) a sus puestos de trabajo. El del 4 de mayo durante la fase de la desescalada y el del 17 de junio para la "nueva normalidad". Ambos establecieron unas bases comunes que, según Álvarez, en cada ministerio se han aplicado de una manera distinta. Además, el sindicalista de UGT se queja de que el ministerio ha incumplido su compromiso de abrir un grupo de trabajo para "el desarrollo normativa de las modalidades de trabajo a distancia", en la AGE.
Primero, cerrar la reforma del Estatuto
Mariam Pinillos, la responsable de Administraciones Públicas de CCOO, entiende que antes de abordar la regulación del teletrabajo en cualquier ámbito de la Administración (ya sea la General del Estado, las autonómicas o las locales) -algo que ya se está produciendo-, es preferible aprobar primero la regulación básica común para todas ellas. Algo que se llevará a cabo con la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público. Y, aunque exige que las condiciones sean equiparables a las que se están negociando para el sector privado, con voluntariedad y compensación al trabajador de los coste, entre otros, matiza que se debe garantizar la prestación del servicio público de forma presencial para el conjunto de la ciudadanía.
