España ha puesto en marcha medidas fiscales para estimular la economía y hacer frente a las necesidades generadas por la pandemia por un gasto cercano al 10.6% del PIB, frente a Alemania (31,5%), Italia (31,5%), Reino Unido (16,9%) o Francia (16,2%), según recoge el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus Base de Datos sobre estímulos fiscales por el Covid-19.
Sin embargo, España es el Estado miembro de la Unión Europea (UE) que ha puesto en marcha más medidas para impulsar la economía ante los daños producidos por la pandemia del Covid-19. Mientras que el Gobierno de Sánchez ha introducido 25 medidas, el resto de los socios comunitarios oscila en una horquilla que va desde las cuatro a las 10 medidas. Así, lo reconoce la Institución que agrupa a las autoridades fiscales independientes europeas -IFI- (entre las que se encuentra la AIReF española) en sus European Fiscal Monitor correspondientes a marzo y mayo.
Luxemburgo centra sus apoyos en recortes tributarios y en desgravaciones directas
Tan solo otra jurisdicción, Luxemburgo, dentro de su tradicional línea de favorecer la tributación blanda dentro de sus fronteras, ha introducido 20 medidas distintas, aunque todas ellas centradas en reducir la tributación de sus residentes e inversores. Luxemburgo ha realizado la mayor respuesta fiscal directa, que asciende a un total del 11,1% del PIB, del cual el 6,0% son gastos fiscales y el 5,1% de desgravación fiscal.
Sin reflejo presupuestario
La IFI también, revela que aunque España ha introducido ta número de medidas, esto no quiere decir que su repercusión económica sobre el PIB guarde proporción con respecto al resto de las consideradas economías desarrolladas o locomotoras, entre las que las instituciones internacionales consideran, además de a España, a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
Las medidas fiscales indirectas más comunes son las garantías gubernamentales sobre los préstamos concedidos por las instituciones financieras y los préstamos desembolsados directamente por las instituciones de propiedad estatal. El impacto se reparte a lo largo de todo el plazo de vencimiento de los préstamos y sólo se produce en caso de impago. En este caso, las mayores garantías públicas se introdujeron en Italia, Alemania, República Checa, Francia y España.
La gran mayoría de estados miembros de la UE se han acogido a cláusulas de escape nacional para suspender restricciones presupuestarias y poder incrementar las medidas necesarias para recuperar su economías nacionales. En los mapas de colores de la IFI (reproducidos más arriba) se puede observar que la adopción de medidas se ha realizado en dos tramos, fundamentalmente uno en marzo y otro en mayo, y que las medidas tienen una repercusión directa sobre PIB, por el gasto del presupuesto público que conllevan, y otras repercuten de forma indirecta sobre el mismo. Así, el European Fiscal Monitor destaca el enorme esfuerzo realizado sobre su economía por Reino Unido, República Checa, Francia y Estonia, en marzo, al que se sumaron Alemania e Italia en meses posteriores.
Población envejecida
Según señala la OCDE: "El estímulo fiscal en las economías con una población más joven tiene un efecto significativamente positivo sobre el crecimiento, pero el efecto es mucho más débil en las economías que envejecen", como la española.
El FMI destaca que las medidas de gasto fiscal tienen como objetivo evitar el desempleo y mitigar los problemas de liquidez de las empresas, que por la crisis se han quedado sin ingresos, así como reforzar el sistema sanitario para combatir la pandemia. Y considera en sus informes, que las economías avanzadas pueden recurrir a una amplia gama de instrumentos en el ámbito del gasto, los impuestos y la liquidez para apoyar a la población y a las empresas dados sus sólidos sistemas de beneficios tributarios.
En buena parte de los países, estas medidas incluyen la ampliación de las prestaciones por desempleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia; el diferimiento de los impuestos sobre la nómina, y los subsidios salariales a las pequeñas y medianas empresas.
La base de dato del FMI muestra que los países más activos en política fiscal son Japón, Australia y Estados Unidos. En un segundo escalón, Alemania, Canadá, Reino Unido y China. España está dentro de un grupo de bajo activismo fiscal, muy por debajo de Francia e Italia.
Poca flexibilidad
España ha demostrado ser el Estado menos flexible a la hora de adoptar medidas fiscales de estímulo a empresas y contribuyentes. Así, Alemania ha bajado el IVA al turismo, Italia ha suspendido algunos tributos y casi todos los países han optado por planes de aplazamiento de los pagos de una manera más cómoda, España comenzará a cobrar intereses de demora a partir del próximo día 21 de septiembre, aunque no impondrá recargos hasta el 21 de noviembre.
Incluso, cuando los fallecimientos por la pandemia alcanzaron sus picos más altos, el Ministerio de Hacienda se negó a relajar el Impuesto sobre Sucesiones, que en algunas Comunidades Autónomas, como es el caso de Madrid, tienen una exención prácticamente total. Además, Andalucía o Madrid aceptaron pagar la cuota de los autónomos afectados que perdieran un 30% de su facturación.
El caso transalpino
En el caso de Italia, según el FMI, el mayor esfuerzo se ha centrado en dotarse de una signación presupuestaria de 35.000 millones de euros para garantizar préstamos, con un total de garantías estimado en unos 530.000 millones de euros.
Las garantías cubren hasta el 30% del valor de Préstamos para pyme sujetos a moratoria (70.000 millones de euros) y entre el 70% y el 90% del valor de préstamos para todas las empresas (200.000 millones de euros).
El Fondo de Garantía para las pymes se ha ampliado de 40.000 millones de euros a más de 100.000 millones de euros; la garantía de 500.000 millones de euros para el Estado banco de desarrollo Cassa Deposit e Prestiti para proporcionar apoyo de liquidez a la financiación bancaria de las empresas medianas y grandes; y el Plan de coaseguro para garantizar los préstamos a exportadores, suma en torno a 200.000 millones de euros.
Los fondos germanos
En el caso de Alemania,ha introducido el mayor paquete abierto para adquirir instrumentos de capital y financiar la recuperación económica. Desc mayo de se han venido empleando todos los fondos dedicados a este paquete (lo que supone un 3% del PIB). Como la medida es de duración indefinida, su tamaño podría aumentar, si fuera necesario.
El FMI destaca, en Alemania, los 251.000 millones de euros en subvenciones para los más afectados pequeñas empresas y los trabajadores autónomos, un mayor acceso a prestaciones para el cuidado de los niños y de seguridad social básica, alivio temporal a los inquilinos afectados, más manutención de los niños, y renovable subsidio de electricidad.
También hay apoyo a las empresas y hogares proporcionados a través del programa Kurzabeit (KFW), parte de que es un programa discrecional porque los parámetros se han ido cambiado.
También, se destaca un fondo de estabilización económica de 600.000 millones de euros se establece con tres componentes: i) 100.000 millones de euros para inversiones en las zonas significativamente afectado el tejido empresarial; II) un préstamo de 100.000 millones de euros para financiar a las empresas afectadas que no tienen acceso a los programas existentes en el KFW; y iii) 400.000 millones para proporcionar garantías a empresas no financieras para aliviar los cuellos de botella de la liquidez y el apoyo a su refinanciación.
Otra medición más amplia
A pesar del esfuerzo por recopilar y valorar las actuaciones de los gobiernos, realizado por el FMI, algunas de las actuaciones aprobadas se han quedado sin una valoración definida sobre el PIB, cosa que sí ha realizado en la mayoría de las actuaciones el instituto europeo Bruegel, presidido por el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Jean-Claude Trichet, en su informe La respuesta fiscal a las consecuencias económicas del coronavirus, actualizado a 5 de agosto.
Sánchez ha puesto en marcha medidas con incidencia sobre el PIB de 129.400 millones
Según este informe, el Gobierno de Sánchez ha aprobado medidas de ayuda de carácter fiscal por un valor de 129.400 millones de euros (13,7% sobre el PIB), de los que 45.700 se han destinado a Impulso fiscal inmediato, lo que incluye, por ejemplo, los 17.900 millones de euros destinados a financiar los Erte o los 3.800 millones de euros en asignaciones extraordinarias para los afectados por el estado de emergencia y el posterior cese de actividad.
Además, el coste de los aplazamientos supone otros 9.700 millones de euros, entre los que se incluyen tanto los impositivos como los destinados a los pagos de cotizaciones sociales. Y otros 114.000 millones destinados a mejorar las medidas de liquidez y garantía, que incluyen los distintos programas de avales del Gobierno.
En datos absolutos: Bélgica ha aportado hasta el momento 72.716 millones de euros (con un coste sobre el PIB del 28,1%); Dinamarca 50.641 millones de euros (17,8%); Francia 658.000 millones de euros (27,3%); Alemania 1.331 millones de euros (32,9%); Grecia 12.200 millones de euros (6,4%); Hungría 1.700 millones de euros (8%); Italia 867.600 millones de euros (48,7%); Holanda 120.300 millones de euros (15%); Portugal 40.200 millones de euros (19,1%); Reino Unido 632.557 millones de euros (25,7%).
Las ayudas aprobadas antes del mes de mayo, situaban el esfuerzo de España en el 10,1% del PIB, mientras que España sumaba un 43% y Alemania un 34,5%.
Hasta la fecha, el monto total de las medidas fiscales discrecionales de los Estados miembros asciende al 3% del PIB de la Unión Europea, lo que representa un aumento del triple desde el 16 de marzo.
