Varios cercos o círculos judiciales, concretamente siete, estrechan cada día más el futuro del líder podemita Pablo Iglesias. Y no se debe a su comportamiento dentro del Gabinete de Pedro Sánchez, donde, pese a las recomendaciones de moderación de la UE, sigue tensado la cuerda para que no se pacte con nadie más que no sean los partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.
El acorralamiento judicial del vicepresidente del Gobierno tiene principios domésticos. Y precisamente ese aspecto del modus operandi del dirigente comunista, en una organización pivotada estéticamente en círculos, es lo que puede acabar devorando su ambición política.
En esta última hornada de escándalos, hay que remontarse al despido de José Manuel Calvente
El 'caso Dina' es sin duda el más llamativo. Pero no es el origen de las cosas. O sí, si es que hoy supiéramos el contenido de esa tarjeta del teléfono móvil, que supuestamente le fue robada a su exasesora en Bruselas, y que acabó en la redacción de una revista, Interviú. Allí tuvo la gracia o la fortuna de recibir la tarjeta de manos del presidente del Grupo Zeta, conocer de inmediato el contenido, y posteriormente quedársela en su posesión durante meses, hasta que un buen día decidió devolvérsela a Dina Bousselham, su propietaria, amiga, y directora de un medio de comunicación que hoy se dedica a encumbrar las intervenciones de Unidas Podemos y de su gurú.
En esta última hornada de escándalos, hay que remontarse al despido de José Manuel Calvente. Calvente, abogado de Podemos y responsable de Protección de Datos, fue despedido el año pasado de la formación morada por un presunto delito de acoso sexual y laboral hacia una compañera. Hete aquí, la también abogada Marta Flor Núñez, abogada de Iglesias en la pieza Dina, y abogada también de Dina Bousselham. Y como abogada de la causa, amiga también del fiscal Ignacio Stampa, con al que al parecer, según varias informaciones y whatsapp, compartía confidencias, informaciones privilegiadas y consejos, amén de otros avatares.
Dirigentes 'mosqueados'
El siguiente eslabón de la cadena se engarza también con Calvente. Y es que ahora resulta, que la justicia encuentra que Podemos se pudo equivocar y mucho al despedir a estos licenciado en Derecho, porque no ve razón de acoso alguna. Antes de su despido, el garante de la protección de datos inicia una auditoria interna en el partido de Iglesias a propuesta de otros dirigentes 'mosqueados' con los movimientos de la casa podemita. Y es cuando el letrado descubre, junto a Mónica Carmona -que también irá declarar- que hay miembros del partido que cobran una nómina extra mensual de 600 euros, más una cantidad fija de gastos de viajes, gastos que no aparecen en la contabilidad oficial, y que se asemejan a lo que comúnmente se conoce en las corruptelas financieras, como caja B.
Pero es que además, las anomalías encontradas van más allá. Calvente, según datos aportados a la justicia, también se topa con inverosimil 'caso Dina', con extrañas donaciones excedentes de salarios, y fraccionamientos de contratos que beneficiaban a personas como el diputado Rafael Mayoral.
Este próximo 29 de julio, Calvente acudirá a declarar al juzgado de instrucción número 42 de Madrid
Y en esa aclimatación de las anormalidades en el funcionamiento de un partido, José Manuel Calvente también haya supuestas irregularidades en la licitación de la reforma de la sede principal de Podemos. Falta de publicidad, prisas en la contratación, desfase de adjudicación. En definitiva, una licitación que a priori iba a ser de 649.936 euros se convierte en 1.361.055.
Este próximo 29 de julio, Calvente acudirá a declarar al juzgado de instrucción número 42 de Madrid, que investiga una denuncia del abogado de Podemos, tras las diligencias abiertas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de administración desleal.
Entre otras diligencias, el magistrado ha citado a Calvente para que éste ratifique su denuncia por delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales y revelación de secretos, en un documento de 40 folios y donde relata cómo conoció los hechos denunciados a partir de 2018, lo que considera ha sido la causa de su despido.
El dinero de Irán
Pues bien, mientras el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, estudia elevar una exposición razonada al Supremo para investigar o imputar a Pablo Iglesias -que está aforado-, como autor de daños informáticos y revelación de secretos; y una vez que el magistrado constata que la tarjeta del móvil de Dina llegó destruida a la empresa de Gales, que quiso descifrarla, este jueves, un medio como El Mundo desvela que, entre los años 2011 y 2015, el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) cifró en 9,3 millones de euros el dinero que la productora de Podemos, 365 Global Media, recibió de Irán. La Policía Nacional es acreedora de estos datos en los cuales se advierte de una dinámica de movimientos financieros opacos procedentes de Irán.
Concretamente, 67 ingresos sospechosos hacia 365 Global Media y, 23 transferencias directas a Pablo Iglesias. La información relata que para hacer estos pagos se utilizaban entidades intermediarias de Emiratos, que a su vez enviaban el dinero a cinco bancos de España.
En esta trama, cuyos últimos informes corresponden a 2018, se estima que pudo haber hasta 16 empresas que sirvieron para blanquear dinero.
