Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en diversas ocasiones en mostrar su preocupación por las informaciones que se han ido haciendo públicas sobre el Rey emérito Juan Carlos I y ha mostrado su respaldo a las decisiones del Rey Felipe VI para preservar la monarquía.
El 14 de abril pasado, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, celebraba el aniversario de la II República pidiendo el cambio de régimen, lo que ha sido seguido por otros muchos altos cargos de Unidas Podemos.
La retirada del título de Rey, que ostenta Juan Carlos I, sería la primera exigencia de quienes quieren que Felipe VI se aleje de su padre, con el fin de no contaminar a la Monarquía, aunque algunos miembros de podemos preferirían entrar directamente a acabar con la Corona a través de la modificación legislativa.
La revocación del título de Rey, debería hacerse a través de la modificación del Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes.
Sancionar y ordenar
Sin embargo, el Gobierno no puede aprobar un Real Decreto-Ley sin la aprobación del Rey Felipe VI, porque en este tipo de norma es el rey quien se encarga de sancionar y ordenar la publicación y cumplimiento de la norma. Es decir, el Gobierno no puede aprobar el Real Decreto-Ley sin la sanción real.
Estamos ante un asunto protocolario, que no requiere tocar la Constitución, pero con limitaciones procedimentales. Razón de ello, es que el artículo 86 de la Cosntitución establece que los reales decretos leyes "no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos...".
Por otro lado, Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, en abril de este año, registraron una proposición de ley en el Senado para reformar hasta tres leyes con el objetivo de quitar el fuero al Rey, despojar a los Reyes en ejercicio de su privilegio de no tener que declarar como testigos en procedimientos judiciales y fiscalizar las actividades económicas y financieras de la Corona. En concreto, plantean en su proposición, introducir modificaciones en los artículos que regulan estos asuntos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la ley de enjuiciamiento criminal.
Los promotores de esta iniciativa basan sus argumentos, entre otras razones, en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha señalado en su jurisprudencia que "el interés del Estado por proteger su propio jefe de Estado no puede justificar la concesión al mismo Estado de actuar contra el derecho a informar o expresar las opiniones sobre él".
El problema que tienen las Leyes Orgánicas es que necesitan mayorías cualificadas para su aprobación parlamentaria en una votación final sobre el texto definitivo y completo, lo que supondría el apoyo de formaciones políticas de la oposición.
Preocupación de Sánchez
El propio presidente del Gobierno en una entrevista publicada hace unos días a eldiario.es e infoLibre revelaba su intención de modificar la Constitución para limitar la inviolabilidad del Rey dentro de la revisión de los aforamientos de todos los cargos públicos.
En la Constitución se establece que el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
Y añade, que "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2".
Esta inviolabilidad se basa en la inexistencia de responsabilidad política del Jefe del Estado. Se trata de una característica común de todos los regímenes políticos contemporáneos, ya sean monarquías o repúblicas. En el caso de los regímenes monárquicos, la falta de responsabilidad es absoluta, llegando a extenderse a los ámbitos civil y penal.
En la Constitución, se sitúa en posición superior a la Corona, por encima -formal e institucionalmente, que no en poder político- de los poderes del Estado, especialmente, de las Cortes Generales y del Gobierno; y, por otro, su significación y relevancia dentro de la forma política del Estado, definida en el artículo 1.3 como Monarquía parlamentaria.
Finalmente, para modificar la Constitución es necesario un proceso constituyente, disolver las Cortes y convocar un referéndum.
El Gobierno pide iniciativas a Zarzuela para dar "confianza"
La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, reiteraba ayer que el Gobierno celebrará cualquier iniciativa de Casa Real para dar "más transparencia" y "confianza" a la institución tras las informaciones relativas al Rey emérito. En las últimas dos semanas, el Ejecutivo ha expresado su preocupación por las informaciones que se están publicando sobre Don Juan Carlos. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró públicamente que le parecían "inquietantes y perturbadoras" esas informaciones relativas a los presuntos negocios del Rey emérito, al que investiga la justicia por haber cobrado supuestamente comisiones por interceder en el contrato del AVE a La Meca.
Eso sí, el Gobierno ha valorado que Felipe VI esté marcando distancias con el emérito y ha celebrado todas las medidas "pasadas y futuras" adoptadas por la Casa Real para aumentar la transparencia y ejemplaridad. Así, se ha reafirmado en las declaraciones que Sánchez.
