El Gobierno ha modulado recientemente la ley general tributaria que regula las relaciones entre la Administración y los contribuyentes para incluir la posibilidad de realizar inspecciones mediante videoconferencia y adaptarse así a la nueva realidad 'a distancia' que marca el covid-19.
En concreto, el cambio a la ley se introdujo en el real decreto-ley 22/2020 aprobado el 17 de junio por el que el Gobierno reguló la creación del Fondo covid-19 y estableció las reglas relativas a la distribución de los 16.000 millones de euros que abarca entre las CCAA.
Según se establece en la orden de la Jefatura del Estado publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde el 17 de junio "las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante". Es decir, se habilitan las inspecciones fiscales por videollamada.
La utilización del nuevo sistema que queda reflejado en un nuevo apartado del artículo 99 de la ley general tributaria (el 99.9) se producirá cuando lo determine la Administración Tributaria pero "requerirá la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo", según se especifica ahora en el apartado 1.e del artículo 151.
Con esta medida, el Gobierno busca "favorecer el ejercicio de derechos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, sobre todo, en un contexto de nueva normalidad" ante los efectos de la crisis sanitaria generada por la pandemia.
El covid-19 ha obligado en los últimos meses a modular el modus operandi de la mayoría de las gestiones administrativas. En el caso de la Agencia Tributaria, las oficinas fueron cerradas hasta nuevo aviso -la atención presencial volvió el 8 de junio bajo cita previa- y se ampliaron los plazos para determinados trámites en el marco del real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus.
La gestión telemática a la que muchos contribuyentes son aún reacios se posicionó como la única durante el estado de alarma y podría haber llegado para quedarse, según se desprende de la actualización de la ley para favorecer algunos trámites mediante la videollamada.
