Economía

La exención de cuotas a empresas dificulta la ampliación de los ERTE al 30 de septiembre

  • El Gobierno quiere aprobarlo este martes, pero no ha presentado el borrador para cerrar el acuerdo
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Las negociaciones para los nuevos Ertes siguen abiertas después de que los sindicatos CC.OO y UGT, las patronales CEOE y Cepyme y el Gobierno no se pusieran de acuerdo en la Comisión Tripartita reunida ayer. El Gobierno ya ha aceptado que todos los Ertes actualmente en vigor se alarguen hasta el 30 de septiembre, es decir tres meses más sobre el límite actual fijado en el 30 de junio, con la posibilidad de que los sectores más afectados y de difícil recuperación puedan llegar a final de año. Sin embargo, tanto las patronales como la UGT siguen esperando que todos los Ertes actuales se prorroguen hasta finales de año, sin discernir por sectores.

No obstante, dada la urgencia mostrada por todos los participantes por aprobar lo antes posible estas modificaciones, el secretario de Estado, Joaquín Rey, expresó la intención de llevar un nuevo RDL este martes al Consejo de Ministros. Pero los agentes sociales le recriminaron que quiera aprobarlo sin haber presentado en la reunión un borrador de la nueva norma. De hecho, en la anterior reunión, el Ministerio de Trabajo se comprometió a entregarles el borrador del RDL para poder negociarlo.

Según fuentes cercanas a los negociadores, el Gobierno alegó que no presentaba un borrador para que no lo filtrasen a la prensa, dificultando un posible acuerdo. No obstante, es posible que este jueves o el viernes Trabajo remita el borrador para acelerar las negociaciones con el fin de que se pueda cerrar un acuerdo durante este fin de semana para poder llegar al martes. Los agentes matiza que si no se puede negociar, tendrían que aprobarlo en un Consejo extraordinario para acelerar su entrada en vigor.

Porque las discrepancias en el periodo de ampliación no impediría cerrar en estos momentos un acuerdo entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social; el punto más conflictivo es la exoneración de las cotizaciones que se aplicarían a los Ertes en los próximos meses. En principio, el Gobierno no es partidario de mantener las condiciones actuales, según explican fuentes conocedoras de la negociación a elEconomista.

Reducción mensual

De hecho, en el RDL de 12 de mayo que creó los nuevos Ertes parciales se rebaja de forma considerable la exoneración de las cuotas para los expedientes en los que se estén incorporando los trabajadores. Incluso, la exoneración de mayo es mayor que la de junio, lo que pone de manifiesto la voluntad del Gobierno de ir reduciendo la carga presupuestaria de esta herramienta legal que ha mantenido el empleo a salvo.

Capacidad presupuestaria

Por este motivo, tanto sindicatos como patronales han exigido al Gobierno que aclaré en la mesa cuál es la capacidad de gasto que tiene, sumando los fondos que procedan de la Comisión Europea y los que pueda aportar el Gobierno, para cubrir tanto las prestaciones de los trabajadores, que dependen del Ministerio de Trabajo, como de las exoneraciones a la Seguridad Social que debe costear el departamento que dirige José Luis Escrivá.

Estas fuentes remarcan que hasta no conocer el alcance de los fondos no tiene sentido negociar, pues en definitiva las diferencias radican en el coste de las medidas que se puedan llegar a aprobar.

Así, más allá de alargar todos los Ertes hasta septiembre o hasta diciembre y qué exoneraciones de las cotizaciones se ofrecen a las empresas, existen otros puntos de fricción sobre los derechos económicos y laborales de los trabajadores incluidos en los expedientes temporales de empleo.

Derechos de los trabajadores

Un tema que preocupa especialmente a los sindicatos, que se temen que el Gobierno también quiera modificar las actuales condiciones que disfrutan los trabajadores incluidos en los Ertes como los periodos de carencia y que no se contabilice la prestación para futuros periodos de paro. Pero se abre otro flanco, pues la norma establece que tras seis meses en Erte, el afectado deja de cobrar el 70% de su salario, como hoy en día, reduciendo al 50%.

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