Valencia / Barcelona
Un gran plan de alivio fiscal para España, centrado en la reducción y flexibilización de los principales impuestos que gravan la actividad empresarial. Esta es la reclamación conjunta de las grandes patronales para la recuperación económica del país, una demanda que contrasta con la deriva impositiva del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, centrado en plena pandemia del Covid-19 en elevar los tributos a las grandes fortunas, la banca, la economía digital o las rentas más altas.
Lejos de los postulados del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, entidades de referencia en materia empresarial y económica consultadas por elEconomista -tales como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el Consejo General de Economistas, el Círculo de Empresarios, las patronales catalana y valenciana Foment del Treball y CEV, el Instituto de la Empresa Familiar, la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) o el centro de estudios BBVA Research-, no solo se muestran en contra de subir los impuestos sino que apuestan por aplazarlos o bajarlos como herramienta fundamental para la recuperación económica del Estado.
A la espera de conocer las propuestas de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social creada en el Congreso (que cuenta con solo 5 economistas de un total de 43 diputados), los informes y recomendaciones de los expertos consultados por este periódico invitan al Gobierno de España a tomar medidas que garanticen liquidez a las empresas -entre ellas flexibilizar y bajar impuestos como IRPF, IVA, Sociedades, AJD, Transmisiones o IBI- y además hacerlo, al menos, durante lo que resta del presente ejercicio 2020.
Asimismo, las patronales y los economistas consultados proponen otras medidas como reactivar la licitación y la contratación pública de la administración para generar actividad, adelantar el pago de las facturas por parte de las entidades públicas o flexibilizar el mercado laboral, así como "financiar" en Europa la recuperación de modo que el Estado pueda afrontar este duro escenario sin cargar su coste sobre la espalda de la empresa.
Flexibilizar y bajar impuestos
El Consejo General de Economistas ha elaborado un informe con sus "propuestas concretas para reactivar la economía una vez se supere la crisis sanitaria", entre las que destacan, en materia fiscal, una rebaja del IBI y flexibilizar tributos como el IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades. Su exhaustivo documento plantea además flexibilizar las condiciones exigidas para los ERTE de fuerza mayor; ampliar la moratoria en la devolución de los préstamos a pymes y autónomos y su periodo de amortización; potenciar la presentación de escritos y notificaciones por medios telemáticos y la facturación electrónica; o establecer un procedimiento de urgencia para que las deudas públicas del Estado con pymes y autónomos "se paguen de inmediato".
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, considera que "ya se podrían hacer, de forma urgente, una serie de encajes normativos encaminados a afrontar la recuperación y reactivar nuestra economía". Se trata de "medidas de carácter eminentemente técnico", subraya.
Sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los Economistas destacan dos propuestas. En primer lugar, la de "aproximar los criterios de imputación al cobro efectivo de las rentas". La segunda, que no parece que vaya a ser escuchada por el Ejecutivo, consiste en ampliar el plazo de autoliquidación "más allá del 30 de junio" con el objetivo de facilitar la asistencia técnica a los contribuyentes que "estaban acostumbrados a declarar con ayuda del servicio de cita previa y los que lo hacían visitando y aportando documentación en papel a su asesor".
En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Consejo General de Economistas detalla que "sería conveniente flexibilizar las condiciones y acelerar la recuperación de las cuotas de IVA repercutidas y no cobradas". "Por ello, proponemos modificar el artículo 80.4 de la LIVA, en el sentido de rebajar los plazos para poder reducir la base imponible que, con la redacción vigente, son de un año y de 6 meses para grandes empresas y pymes, respectivamente", plantean.
Y por lo que respecta al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), exponen que, "como muchas actividades económicas se verán seriamente afectadas durante el ejercicio, sería razonable establecer una reducción en el IBI de 2020 de todos los locales afectos a las mismas". También en materia tributaria, los economistas abogan además por "facilitar la regularización voluntaria de los contribuyentes".
Ventajas fiscales hasta diciembre
En línea con los Economistas, el Círculo de Empresarios también ha presentado esta semana un informe con "medidas de estímulo fiscal excepcionales y temporales", entre las que destacaba una propuesta en particular: mantener todas ellas en vigor hasta el 31 de diciembre para aliviar la situación de las empresas durante todo el difícil ejercicio.
Sus medidas también inciden en la mora y flexibilización en el pago del Impuesto de Sociedades, el IVA y tributos locales como el IBI, así como por agilizar devoluciones tributarias y la utilización flexible de créditos fiscales y amortización de activos.
El organismo que preside John de Zulueta plantea además reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el IVA para adquisición de viviendas, locales de negocios, automóviles, servicios de hostelería, restauración y transporte de viajeros, así como la suspensión del impuesto de matriculación y las tasas turísticas. El Círculo de Empresarios también defiende que hay "margen" para aplicar estas medidas de estímulo pese al elevado nivel de déficit público.
Reactivar toda la obra pública paralizada
El plan de choque de Foment del Treball propone una extensa batería de acciones. Entre ellas, la patronal catalana aboga por un paréntesis fiscal efectivo para las empresas y aliviar su situación con ayudas mientras dure el estado de alarma.
En el ámbito público, insta a las administraciones a reiniciar de forma urgente el trabajo en las obras públicas paradas a raíz del decreto de confinamiento, una reactivación que ya ha sido amparada por el Gobierno central al permitir la licitación y la contratación pero que requiere de su puesta en marcha a nivel efectivo por parte de todas las administraciones públicas: ayuntamientos, comunidades y el Estado.
La organización también reclama que el umbral para acceder a las ayudas por pérdida de facturación se reduzca del 75% al 30 o 40% e insiste en que, pese al acuerdo del Gobierno y la CEOE, las empresas puedan acogerse a un ERTE con posterioridad al 30 de junio. Solicita también el total desbloqueo de los 100.000 millones previstos en créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Para aquellas empresas que están soportando la crisis manteniendo intactas sus plantillas, Foment propone la concesión de algún tipo de bonificación.
La entidad que preside José Sánchez Llibre también apunta, como los Economistas o el Círculo de Empresarios, hacia medidas fiscales, tales como reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), especialmente en materia de vivienda; una deducción del 10% para toda inversión nueva productiva y reforzar la autofinanciación de las empresas con un tipo del 10% de los beneficios no distribuidos, en lugar de la tasa general del 25%, hasta 2021.
El Instituto de la Empresa Familiar trabaja actualmente en el desarrollo de sus propuestas concretas para la recuperación económica de España, si bien su presidente, Francisco Riberas, ya ha avanzado algunas de las líneas principales de su hoja de ruta.
Se trata del aplazamiento o la suspensión del pago de impuestos; el aplazamiento de costes como la electricidad, el gas o los alquileres; el abono inmediato de las facturas por parte de las administraciones sin agotar los plazos que fija la ley de morosidad; la posibilidad de descontar facturas pendientes de cobro, independientemente de si el deudor es empresa o sector público; así como extender más allá del estado de alarma la suspensión del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital para que los socios no puedan forzar a las empresas al reparto de dividendos en las circunstancias actuales.
Un mercado de trabajo más flexible
Rafael Doménech, director de BBVA Research -el departamento de estudios económicos de la entidad financiera-, también ha puesto sobre la mesa una batería de propuestas "para relanzar la economía española a medio y largo plazo". Entre las mismas, en materia laboral, urge a "modernizar las regulaciones laborales y las políticas activas para avanzar hacia un mercado de trabajo más flexible, seguro y equitativo, con menor desempleo estructural, temporalidad y paro de larga duración", según explica a este diario.
Para la administración plantea "la necesidad de ganar espacio fiscal para el futuro y asegurar la sostenibilidad presupuestaria de un sector público más eficiente". Además, aboga por "asegurar la competencia en los mercados de bienes y servicios, eliminar las barreras al crecimiento de las empresas", así como por "crear un entorno favorable a la inversión en I+D+i y en nuevas tecnologías, al crecimiento de la productividad, la transformación digital, y la sostenibilidad social y medioambiental".
"Financiar la recuperación"
La CEOE, en colaboración con Deloitte y ESADE, ha elaborado un informe en el que propone "un conjunto de medidas de corto, medio y largo plazo para afrontar la recuperación de la economía". La patronal aboga por "agilizar la llegada de liquidez a las empresas que sufren una reducción de los ingresos por la falta de actividad y por seguir afrontando gran parte de sus costes". "En este sentido, también se plantea la necesidad de ampliar el alcance de las medidas tributarias y de cotizaciones sociales adoptadas", reclama la entidad que preside Antonio Garamendi.
"En el ámbito laboral, se considera fundamental suprimir las cuotas empresariales a la Seguridad Social en los ERTE y reducir las cuotas sociales para aquellas empresas que se comprometan a mantener el empleo", agregan. Por su parte, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), presentó este viernes su propio informe, en el que hace suyas las reivindicaciones de la CEOE y pormenoriza medidas fiscales complementarias a nivel autonómico.
Además, para evitar el colapso del Estado, la CEOE subraya la importancia de "acometer un plan de financiación relevante basado en la colaboración público-privada, medidas en el ámbito tributario, y un decidido y firme apoyo financiero de la Unión Europea", según precisa.
Propone "reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas, afrontando el necesario endeudamiento público para implementar las medidas de estímulo sugeridas", pero hacerlo, "fundamentalmente, desde un crecimiento económico sólido, la eficiencia del gasto y sin recurrir a subidas de impuestos". "Se propone implantar un conjunto de medidas de flexibilidad que faciliten la actuación crediticia de las actividades financieras sin penalizar su solvencia o incluso contribuyendo a reforzarla", destacan.
Garantizar liquidez con apoyo europeo
La Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) apuesta también por una moratoria de impuestos, una mayor flexibilidad de los ERTE y, en línea con la CEOE, agilizar los trámites para la garantizar la liquidez con el apoyo de Europa. En concreto, el director de Coyuntura y Economía Internacional, Raymond Torres, manifiesta que "todo euro gastado en este momento es probablemente el más eficiente", si bien reconoce que España tiene "menos espacio fiscal" para financiar las medidas de recuperación que otros países.
Según los cálculos de Funcas, el déficit se disparará por encima del 10% del PIB español este año, lo que llevará la deuda pública al 115% del PIB. Ante tal circunstancia, estima, el Tesoro Público necesitará emitir 20.000 millones mensuales hasta final de año. Torres, además, apuesta por que la parte del déficit y la deuda ligada directamente al Covid-19 quede en el balance del Banco Central Europeo para que no limite la actuación de las naciones.
