Las fricciones de los últimos días en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el impuesto que Podemos prepara desde la Moncloa para gravar las fortunas por encima del millón de euros amenazan los beneficios fiscales de la región. El caso denunciado por la oposición sobre el apartamento alquilado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el interés desde el Gobierno central por eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio -que en Madrid está bonificado al 100%- para crear uno nuevo dirigido desde Moncloa arriesgan la continuidad de la política fiscal de alivio impositivo que está implantada en la región desde hace años.
El acercamiento de su socio de Gobierno, el vicepresidente Ignacio Aguado, a las tesis de la oposición -PSOE, Podemos y Más Madrid- sobre este asunto hace peligrar un Gobierno del PP en Madrid, lo que puede ser aprovechado para cambiar el escenario tributario de la Comunidad.
Un impuesto desfasado
Las comunidades autónomas tienen competencias para establecer bonificaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio. En el caso de Madrid, la Comunidad lo hace al 100%. Fuentes de Unidas Podemos hablan ya de eliminarlo tras implantar el suyo. "Sustituirá al actual Impuesto sobre el Patrimonio, que es inoperativo, y no podrá bonificarse por parte de las comunidades autónomas", destacan. De esta forma, Madrid se quedaría sin la posibilidad de bonificar, como hace hasta ahora, un futuro impuesto de estas características.
Los tipos del Impuesto sobre Patrimonio actuales han sido incrementados por algunas comunidades autónomas de forma significativa, como es el caso de Extremadura y Baleares, que han han subido los tipos hasta diez veces más. En Extremadura ha pasado del 0,3% al 3,75%. En Baleares ha subido del 0,28% al 3,45%.
La propuesta de Podemos eleva aún más los tipos. Según han anunciado fuentes del Gobierno, este nuevo impuesto a las fortunas de más de un millón de euros partiría de un tipo del 2% hasta los dos millones de euros. Desde ahí, el tipo escalará y subirá progresivamente hasta el 3,5%, que será el tipo máximo del impuesto.
Las tarifas previstas en la Ley del Impuesto sobre Patrimonio actual, que data de 1991, abarcan del 0,2% al 2,5%. En el año en el que el Impuesto entró en vigor las rentabilidades eran muy superiores a las actuales. Los contribuyentes que tenían activos en el banco o inmuebles alquilados obtenían rentabilidades muy altas, superiores al 10%, por lo que pagar luego cada año en el Impuesto sobre Patrimonio un tipo del 0,2% o, incluso, del 2,5% sobre el valor de los capitales o inmuebles era asumible. Desde hace años, las rentabilidades están en mínimos y resulta complicado obtener márgenes con los que poder pagar las cuotas actuales del Impuesto sobre el Patrimonio del 2, del 2,5, del 3 o del 3,5%. Según alertan varios fiscalistas consultados por elEconomista, en la práctica el nuevo impuesto supondrá una confiscación gradual de los bienes.
Por otra parte, el Impuesto sobre Patrimonio cuenta con un límite, establecido en el artículo 31 de la Ley que lo regula. De esta forma, si tras la suma de este impuesto y el IRPF al contribuyente le sale a pagar una suma superior al 60% de sus rentas, se aplicará una reducción sobre la cuota del Impuesto sobre Patrimonio para evitar esta situación. "Esa limitación es absolutamente vital para que la aplicación de ambos impuestos no tenga consecuencias, digamos, confiscatorias", apunta el fiscalista Alejandro del Campo, socio de DMS Consulting.
"Habría que ver qué pasa con los territorios históricos del País Vasco y Navarra", señalan desde Briz Jurídico Tributario
"El impuesto que prepara Podemos podría plantear muy diversos problemas técnicos. Podría producir un solapamiento de hechos imponibles, una múltiple imposición interna, o la falta de protección via convencional", explican los fiscalistas Ricardo Briz y Alvaro de la Vía, de Briz Jurídico Tributario. A su juicio, generaría también competencia fiscal entre los diferentes territorios, puesto que habría que ver qué sucede en los territorios históricos del País Vasco y de Navarra.
"Podría, por otra parte, perjudicar seriamente a la empresa familiar si mediante el mismo se pretende gravar la titularidad de acciones o participaciones en empresas familiares, condenando así un elemento básico del tejido productivo empresarial", añaden los expertos.
Unidas Podemos estima una recaudación de 11.000 millones de euros al año. Los economistas creen que, en el mejor de los escenarios, recaudaría 2.500 millones de euros.
